Condenado un ourensano por intentar engañar a un juez en Mallorca

Jesús Díaz.
photo_camera Jesús Díaz.
Fue acusado de un delito de falsificación en documento privado, por haber aportado un contrato de trabajo falso en un juicio 

El ourensano Jesús Díaz Barreiros ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº 7 de Palma de Mallorca a una pena de cuatro meses de prisión y al pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, como autor de un delito de falsificación en documento privado, por haber aportado en septiembre de 2017 un falso contrato de trabajo en un juicio en el ámbito de lo Social.

La sentencia indica que el pretendido acuerdo ni era auténtico ni la firma del administrador de la empresa perjudicada era real. Según la magistrada, se trata de un documento “sustancialmente” falso, que presentó Díaz Barreiros a sabiendas de su falsedad, en un procedimiento judicial en beneficio propio. La sentencia comporta también la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena. 

La jueza sostiene que por la vía de la prueba indiciaria cabría afirmar la falsedad cometida por Díaz Barreiros, pues “parece que es la única persona con interés en dicha falsificación, de modo que el móvil estaría claro”, pero considera que no es suficiente para considerarle el autor material de la falsificación, que era la tesis inicialmente mantenida por el Ministerio Fiscal.

Considera sin embargo indudable que el documento aportado por el Díaz Barreiros, tuviera el origen que tuviera, “era falso en varios de los aspectos de su contenido” y simulado en elementos esenciales, “hechos que sin ningún tipo de duda conocía el acusado”. 

La jueza valoró como pieza fundamental las dos periciales caligráficas practicadas, una a instancia de la defensa, que coinciden “sin ninguna duda” en que la firma del documento que presentó el acusado no pertenece a la persona a la que se pretendía suplantar.

Se da la circunstancia de que a mediados de diciembre del 2020, Díaz Barreiros fue detenido por la Guardia Civil en Palma de Mallorca, por la revelación de datos de un procedimiento judicial secreto, en una investigación por supuesta corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares, por lo que la jueza del caso entendió que había interferido en la investigación para perjudicarla.

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