Pasados casi siete meses desde que la depuradora de San Cibrao vertiera sustancias tóxicas al río Barbaña que provocaron la mortandad de 17.000 peces, la Confederación al fin eleva, oficialmente, una propuesta de multa: 450.000 euros.
Diecisiete mil peces muertos después, transcurridos casi siete meses, a la deriva la investigación policial, y producido un segundo vertido, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil al fin ha elevado oficialmente una propuesta de sanción al Concello de San Cibrao por los hechos ocurrido en el Barbaña el 24 de junio de 2009. El organismo que dirige Francisco Fernández Liñares propondrá esta semana al Ministerio de Medio Ambiente que sancione con 450.000 euros al Concello de San Cibrao, cuya depuradora de aguas actuó aquel día de verano como la correa de transmisión que facilitó que un vertido altamente tóxico procedente a su vez de no se sabe qué empresa de los polígonos a los que San Cibrao da servicio, llegase al río y armase en sus aguas la de San Quintín.
Sólo los daños al dominio público hidráulico han sido valorados por técnicos de la Confederación en 220.000 euros. Entre los componentes nocivos del vertido viajaban elevados niveles de amonio, fósforo, aluminio, zinc, cobre, hierro, magnesio o plomo. Un arsenal que causó miles de bajas. Primero iban a ser cientos, pero al final resultaron 17.013 los peces recogidos. Bermejuelas, gobios, bogas, espinosos...
La muerte, en efecto, cubrió las aguas. Pero la sangre no llegó del todo al río, porque el Seprona se vio impotente para elabo rar un informe implacable que dispusiese ante la Fiscalía el nombre de la empresa que causó el envenenamiento masivo. La sección de medio ambiente del Ministerio Público solicitó una prórroga en la investigación e ir más allá en las pesquisas. A falta de que pongan sobre su mesa un informe del impacto ambiental, se da por hecho que el caso tendrá que ser archivado ante la falta de un sujeto activo al que señalar y culpar. El Seprona, siguiendo el rastro de un vertido rico en metales pesados, no ha alcanzado la orilla. Apenas fue capaz de reducir las posibilidades a tres o cuatro empresas causantes del vertido. Pero cuando se trata de dirimir responsabilidades penales, incluso dos opciones son demasiadas.
La última palabra
Mientras la investigación penal no avanzaba, la Confederación Hidrográfica no paraba de amenazar con meter mano al Concello de San Cibrao en forma de multas bárbaras. Pero la propuesta de multa no acababa de llegar. Desde el órgano competente en las aguas del Barbaña, sostienen que se ha seguido el procedimiento establecido en la legislación de aguas, negando cualquier indolencia en su actuación. Ahora que la propuesta ha llegado, tendrá que ser el Ministerio de Medio Ambiente quien decida. La suya será la penúltima palabra, según admiten desde la Confederación. En último término, el Consejo de Ministros decretará la sanción oportuna.
El Concello se prepara para ir al Contencioso
El Concello de San Cibrao no se quedará con los brazos cruzados esperando pacientemente a que el Consejo de Ministros dé su plácet a la multa. Si en su momento los servicios jurídicos del gobierno de Elisa Nogueira (PP) ya presentaron sus alegaciones al expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica, ahora velan armas para acudir a la jurisdicción del Contencioso-administrativo en el momento que la sanción pueda ser oficial vía Consejo de Ministros, informó ayer el alcalde en funciones de San Cibrao, Pedro Fernández. Nosotros entendemos que la responsabilidad del vertido es en último término de la empresa que no fue capaz de garantizar la calidad mínima del agua que llegó a la depuradora.
El concejal admite que la investigación está hallando serias dificultades para desenredar el ovillo que conduzca a la empresa en cuestión. En todo caso -señala- también la concesionaria de la depuradora [Espina y Delfín] deberá dar cuenta de su responsabilidad en tanto que gestiona el servicio. Sea cual sea el desenlace que halle al final del proceso el expediente sancionador, el alcalde en funciones recuerda que tanto el Concello como la concesionaria disponen de seguros de responsabilidad civil, como es preceptivo.
Sólo los daños al dominio público hidráulico han sido valorados por técnicos de la Confederación en 220.000 euros. Entre los componentes nocivos del vertido viajaban elevados niveles de amonio, fósforo, aluminio, zinc, cobre, hierro, magnesio o plomo. Un arsenal que causó miles de bajas. Primero iban a ser cientos, pero al final resultaron 17.013 los peces recogidos. Bermejuelas, gobios, bogas, espinosos...
La muerte, en efecto, cubrió las aguas. Pero la sangre no llegó del todo al río, porque el Seprona se vio impotente para elabo rar un informe implacable que dispusiese ante la Fiscalía el nombre de la empresa que causó el envenenamiento masivo. La sección de medio ambiente del Ministerio Público solicitó una prórroga en la investigación e ir más allá en las pesquisas. A falta de que pongan sobre su mesa un informe del impacto ambiental, se da por hecho que el caso tendrá que ser archivado ante la falta de un sujeto activo al que señalar y culpar. El Seprona, siguiendo el rastro de un vertido rico en metales pesados, no ha alcanzado la orilla. Apenas fue capaz de reducir las posibilidades a tres o cuatro empresas causantes del vertido. Pero cuando se trata de dirimir responsabilidades penales, incluso dos opciones son demasiadas.
La última palabra
Mientras la investigación penal no avanzaba, la Confederación Hidrográfica no paraba de amenazar con meter mano al Concello de San Cibrao en forma de multas bárbaras. Pero la propuesta de multa no acababa de llegar. Desde el órgano competente en las aguas del Barbaña, sostienen que se ha seguido el procedimiento establecido en la legislación de aguas, negando cualquier indolencia en su actuación. Ahora que la propuesta ha llegado, tendrá que ser el Ministerio de Medio Ambiente quien decida. La suya será la penúltima palabra, según admiten desde la Confederación. En último término, el Consejo de Ministros decretará la sanción oportuna.
El Concello se prepara para ir al Contencioso
El Concello de San Cibrao no se quedará con los brazos cruzados esperando pacientemente a que el Consejo de Ministros dé su plácet a la multa. Si en su momento los servicios jurídicos del gobierno de Elisa Nogueira (PP) ya presentaron sus alegaciones al expediente sancionador abierto por la Confederación Hidrográfica, ahora velan armas para acudir a la jurisdicción del Contencioso-administrativo en el momento que la sanción pueda ser oficial vía Consejo de Ministros, informó ayer el alcalde en funciones de San Cibrao, Pedro Fernández. Nosotros entendemos que la responsabilidad del vertido es en último término de la empresa que no fue capaz de garantizar la calidad mínima del agua que llegó a la depuradora.
El concejal admite que la investigación está hallando serias dificultades para desenredar el ovillo que conduzca a la empresa en cuestión. En todo caso -señala- también la concesionaria de la depuradora [Espina y Delfín] deberá dar cuenta de su responsabilidad en tanto que gestiona el servicio. Sea cual sea el desenlace que halle al final del proceso el expediente sancionador, el alcalde en funciones recuerda que tanto el Concello como la concesionaria disponen de seguros de responsabilidad civil, como es preceptivo.
