El anuncio de que el Concello podrá obtener un mínimo de cinco millones de euros en aprovechamientos urbanísticos durante 2008, ha devuelto a la actualidad la gestión que en el mandato de Manuel Cabezas se hizo del patrimonio municipal del suelo, con pérdidas cuantiosas, destacadas por el Consello de Contas en un reciente informe, por no haber reclamado, primero, a los constructores el 10% que exige la ley o hacerlo, después, sin atender a precios reales de mercado.
Cinco millones de euros como mínimo, y si el desarrollo urbanístico de 16 áreas de reparto sigue el calendario previsto, hasta 7,8 millones. Esa es la cantidad que prevén recaudar las concejalías de Hacienda y Urbanismo de Ourense el próximo año, como consecuencia de los aprovechamientos urbanísticos -un 10%- en suelo urbano no consolidado y que deben abonar los constructores. Así consta en la previsión elaborada en el propio departamento de Urbanismo que, además, contempla destinar esas cuantías a viviendas de promoción autonómica y pública -en los 12 años de Manuel Cabezas no se construyó ni una sola-, reurbanización de los barrios, expropiación de suelo para dotaciones municipales y desarrollo del PXOM.
Esta previsión, que fue dada a conocer por el propio Concello, choca notablemente con la gestión que, en este asunto, se efectuó durante los 12 años de mandato de Manuel Cabezas. El empeño del ex-alcalde -avalado en su momento por el entonces secretario municipal- de exonerar a los constructores, pese a que desde 1997 la Ley del Suelo era tajante en este sentido, ofrece la cruz de la hipotética moneda sobre la gestión de suelo en la ciudad.
El PSOE cree que se perdieron al menos seis millones, una cifra que el entonces gobierno local dejaba en 853.000 euros entre 1999 y 2002; eso sí, sólo en seis áreas de reparto desarrolladas antes de 2005 se perdieron nueve millones, al calificar el suelo como consolidado y, por ello, exento de pagar el aprovechamiento. A todas ellas, por cierto, Cabezas les cuadriplicó la edificabilidad. Es el caso de zonas como las antiguas naves de Tabarés, Xardín das Burgas, el final de la calle Marcelo Macías o el área de A Ponte próximo a la nueva sede de la Policía Local. De hecho, esta actitud ya fue recriminada en dos ocasiones por el Consello de Contas, órgano fiscalizador gallego, que en otoño de 2005 dio un rotundo varapalo al antiguo regidor tras analizar la política de aprovechamientos urbanísticos entre 1999 y 2002.
Por si fuera poco, un reciente informe del Consello se reitera en las mismas críticas y añade otras nuevas, al comprobar cómo se obtenían y gestionaban los escasos aprovechamientos urbanísticos en 2004.
Este último informe, que se dio a conocer recientemente y que ocasionó la aprobación de una inmediata providencia de la Concejalía de Urbanismo anunciando el cobro de aprovechamientos en base a valores de mercado, concluye -cuando sí se gestionaban las cesiones urbanísticas- la persistente política de Cabezas de sustituir la entrega de suelo (parcelas, viviendas o bajos) por parte de los constructores por su equivalente en metálico produce una venta directa del patrimonio municipal sin ningún límite, lo que afecta a los principios de igualdad, concurrencia y objetividad que debería regir este tipo de enajenaciones. Además, señala que la monetarización impide que las parcelas se destinen a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo que los recursos obtenidos se empleasen en la adquisición de suelo, lo que no era el caso porque en el mandato de Cabezas no se edifició ninguna vivienda protegida.
Esta previsión, que fue dada a conocer por el propio Concello, choca notablemente con la gestión que, en este asunto, se efectuó durante los 12 años de mandato de Manuel Cabezas. El empeño del ex-alcalde -avalado en su momento por el entonces secretario municipal- de exonerar a los constructores, pese a que desde 1997 la Ley del Suelo era tajante en este sentido, ofrece la cruz de la hipotética moneda sobre la gestión de suelo en la ciudad.
El PSOE cree que se perdieron al menos seis millones, una cifra que el entonces gobierno local dejaba en 853.000 euros entre 1999 y 2002; eso sí, sólo en seis áreas de reparto desarrolladas antes de 2005 se perdieron nueve millones, al calificar el suelo como consolidado y, por ello, exento de pagar el aprovechamiento. A todas ellas, por cierto, Cabezas les cuadriplicó la edificabilidad. Es el caso de zonas como las antiguas naves de Tabarés, Xardín das Burgas, el final de la calle Marcelo Macías o el área de A Ponte próximo a la nueva sede de la Policía Local. De hecho, esta actitud ya fue recriminada en dos ocasiones por el Consello de Contas, órgano fiscalizador gallego, que en otoño de 2005 dio un rotundo varapalo al antiguo regidor tras analizar la política de aprovechamientos urbanísticos entre 1999 y 2002.
Por si fuera poco, un reciente informe del Consello se reitera en las mismas críticas y añade otras nuevas, al comprobar cómo se obtenían y gestionaban los escasos aprovechamientos urbanísticos en 2004.
Este último informe, que se dio a conocer recientemente y que ocasionó la aprobación de una inmediata providencia de la Concejalía de Urbanismo anunciando el cobro de aprovechamientos en base a valores de mercado, concluye -cuando sí se gestionaban las cesiones urbanísticas- la persistente política de Cabezas de sustituir la entrega de suelo (parcelas, viviendas o bajos) por parte de los constructores por su equivalente en metálico produce una venta directa del patrimonio municipal sin ningún límite, lo que afecta a los principios de igualdad, concurrencia y objetividad que debería regir este tipo de enajenaciones. Además, señala que la monetarización impide que las parcelas se destinen a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo que los recursos obtenidos se empleasen en la adquisición de suelo, lo que no era el caso porque en el mandato de Cabezas no se edifició ninguna vivienda protegida.
