La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) aseguró ayer “no ver visos” de que se apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) antes de que concluya el actual mandato en el Concello, al que le resta menos de un año. Consideran que la solución a la actual situación pasa por que alguna fuerza política consiga la mayoría absoluta en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo de 2023. “Las mayorías son complicadas de conseguir, pero sin mayorías es complejo. Los acuerdos, por desgracia, parece que no se alcanzan para un documento que es vital para la ciudad y para la sociedad”, afirmó el presidente de la entidad, Santiago Ferreiro.
La concejala de Urbanismo, Sonia Ogando, destaca que la corporación local “trabaja contra reloj para aprobar el PXOM cuanto antes, pero hay que encajar piezas muy complejas”. “Estamos en la fase de corregir algunos datos, de adaptación a la normativa vigente y de poder plasmar esas modificaciones acordadas por el alcalde en el documento. El servicio de planeamiento ya lo estudió y ahora está en manos del equipo redactor para las correcciones y adaptaciones”, manifestó.
Desde ACO destacan que las asociaciones provinciales, como la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), presionarán “todo lo posible” para que la normativa se apruebe cuanto antes, aunque no son optimistas. “Vemos que vamos a terminar el mandato sin PXOM”, aseguró Ferreiro, quien recordó que la ciudad necesita el plan para, entre otras cosas, “desarrollar la zona universitaria”.
La asociación ya trabaja en “nuevas alternativas” para dotar de agilidad al sector, que pasan por aprovechar la llegada de fondos europeos. “Debemos aprovechar que Europa pondrá sobre la mesa 5.520 millones de euros para obras de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, un campo donde se abrirán nuevas oportunidades de negocio”, manifestó. Para sacar el máximo partido a estas dotaciones, la asociación pondrá a disposición de las empresas constructoras “un técnico que ayudará a los particulares en la tramitación de subvenciones”.
Consideran que aprovechar los flujos económicos procedentes de Bruselas es fundamental, ya que “nunca unas obras de esta envergadura van a costar menos que ahora”. También apuntan que las construcciones de la provincia necesitan este tipo de actuaciones. “Ourense tiene un parque inmobiliario envejecido, la mitad de los edificios son anteriores a 1980, y el 55% de los inmuebles se construyeron sin arreglo a ninguna normativa energética”, aseguró.
Las ayudas europeas cubrirán hasta la mitad del coste total de la obra y no serán consideradas como ayudas públicas. Además permitirán deducciones impositivas de entre el 40% y el 60% en función del ahorro energético alcanzado.
Sin embargo, el sector necesita superar los problemas de mano de obra para poder beneficiarse del impulso de los fondos europeos, para lo que avanzan en iniciativas como la de traer trabajadores de otros países como Perú y Chile, un programa que anunciaron meses atrás y que “está empezando a funcionar, porque los trámites son engorrosos y lentos”.
Convertir bajos en viviendas, una posibilidad “muy buena”
Mientras la ciudad no cuente con un PXOM que haga florecer de nuevo las obras nuevas, el sector de la construcción busca alternativas para cuidar el parque de viviendas provinciales, y una de las que consideran es convertir los bajos comerciales que no estén siendo explotados en viviendas. ACO ya le trasladó esta posibilidad, que considera “muy buena”, a la corporación local, que “apuntó la posibilidad de cambiar la ordenanza que establece una superficie mínima de 100 metros cuadrados de los garajes para facilitar el cambio de uso”.
Con esta medida, apuntan los constructores, se conseguiría también solucionar el problema de la cantidad de locales comerciales vacíos, que se incrementó a raíz de la pandemia.
Esta no es la primera vez que se plantea esta posibilidad, puesto que ya en abril la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda, Ángeles Vázquez, defendió el impulso de cambios normativos que sirvan para facilitar la conversión de bajos comerciales en viviendas habitables en Galicia.
Actualmente, la medida se encuentra en una fase de estudio por parte de un observatorio de la Xunta. “Está pendiente también de una revisión jurídica, hay que adaptar la normativa para que dé cabida a esa posibilidad, pero sería una vía muy buena, porque hay muchas zonas dentro de Ourense en que los locales comerciales no funcionan”, destacó el presidente de ACO.
