Tres de los cuatro ediles críticos con la dirección de DO -Mª Teresa Rodríguez, Miguel Caride y María Dibuja- consideran "contraria a derecho" su expulsión del grupo municipal, y anuncian y anuncian que presentarán una demanda civil para instar a declarar nula la decisión del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome. Esta semana, el regidor había anunciado que la asamblea de su partido declaraba "tránsfugas" a los cuatro ediles críticos con su gestión, y justificó esta expulsión -que dejaría a los críticos como concejales no adscritos, sin asignación económica ni turnos de palabra en los plenos- por haber cometido "alta traición".
Ahora, el grupo de los críticos ha presentado un escrito dirigido al secretario del Pleno Municipal para solicitar que la comunicación del alcalde "no sea tenida en cuenta" y así mantenerse dentro del grupo municipal de DO. Rodríguez, Caride y Dibuja alegan que ellos "no han abandonado el partido ni la formación política", un requisito que la Ley de Bases de Régimen Local pone para llevar a cabo una maniobra como la de Jácome y mantener un grupo municipal en minoría. Los críticos apuntan al escrito de Jácome, en el que se dice que los tres críticos en cuestión no han podido abandonar DO porque nunca han llegado a estar afiliados al partido.
El segundo motivo que aducen los tres críticos está relacionado con el primero: dicen que Jácome ha inventado una "laguna legal" que "no existe y no se puede admitir". El alcalde asegura que -ya que no puede expulsar del partido a alguien que no forma parte del mismo- ha abierto un "expediente no disciplinario" para declararles tránsfugas, algo a lo que los críticos no ven sentido: "No se puede admitir la anterior interpretación, ni siquiera considerar la existencia de tal laguna legal, pues es obvio que existen notables diferencias entre la condición de afiliado a una formación política y la del no afiliado que es presentado como independiente en unas listas, sin sometimiento a disciplina interna de partido, aunque con sometimiento a la disciplina del grupo municipal", señalan.
Rodríguez, Caride y Dibuja señalan también -a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo- que “no cabe confundir grupo político o grupo municipal con partido político", y que "las funciones y facultades de los cargos electos corresponden a su titular y no al partido político o grupo en el que se integre". Por último, se reiteran en que "las decisiones sobre la expulsión de miembros y designación de portavoces deberán ser adoptada en el seno del grupo municipal".
