En 2019 fue preguntado hasta en 3 ocasiones por el "deficiente" estado de infraestructuras públicas, sin obtener respuesta
El Defensor del Pueblo sitúa al Concello de Ourense entre las siete entidades locales “no colaboradoras” y “entorpecedoras” de sus funciones. Así lo refleja en su informe de 2020 hecho público ayer, en el que señala que desde enero de 2019 ha sido preguntado hasta en tres ocasiones por el deficiente estado de conservación de infraestructuras públicas, sin obtener respuesta alguno por parte del Consistorio.
Según este informe, el organismo que vela por los derechos del ciudadano solicitó información el 22 de enero de 2019 sobre el deficiente estado de conservación de las infraestructuras públicas de la urbe. Posteriormente se hicieron dos requerimientos más, el último de ellos el 29 de junio de 2020, sin obtener respuesta alguna al acabar el año.
Acumular tres requerimientos sin respuesta le hace al Concello de Ourense valedor del título de entidad “entorpecedora”.
En esta situación solo se encuentra un concello más de la provincia, Verín. El Defensor del Pueblo solicitó información el 23 de abril de 2019 sobre la apertura de un panteón familiar sin permiso del titular. Se hizo el tercer requerimiento el 8 de julio de 2020, también sin respuesta.
El caso de la cárcel
En el informe se destacan otros apartados, como el tirón de orejas de esta institución a la Xunta de Galicia por no contar con un adecuado transporte público al Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar. En este caso, el Defensor del Pueblo actuó en 2020 de oficio, tras una inspección sorpresa realizada por una unidad del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, en la que se comprobó la ausencia de transporte público adecuado. Por ello, remitieron a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que aclarase esta “deficiente comunicación” entre la ciudad y la cárcel del Pereiro.
Por provincias
El Defensor del Pueblo tramitó el año pasado un total de 1.003 quejas procedentes de Galicia, lo que supone un 16,7% más que las 859 recibidas un año antes. A esta cifra, hay que sumar 19 peticiones de interposición de recurso ante el Constitucional remitidas también desde Galicia, frente a las tres del año anterior.
En cuanto a las quejas distribuidas por la comunidad autónoma, 466 procedían de la provincia de A Coruña, 349 de la de Pontevedra, 107 (18 más que el año anterior) de Ourense y 81 de Lugo.
