Los juzgados hallan dificultades a la hora de perseguir a los estafadores cuando hay que acudir a una comisión rogatoria
La delincuencia sigue las modas y se adapta a la revolución tecnológica. Y desde estos últimos dos años, los delitos en Internet, también apodados como ciberdelitos, se han duplicado en Ourense.
En la Comisaría de la Policía Nacional de la ciudad lo saben bien: las estafas cometidas a través de internet ya representan una media de una denuncia al día en este 2015, tal como reconocía el comisario de Policía, Amable Valcárcel, al hacer balance de los seis primeros meses de año en la última junta de seguridad local de la ciudad.
Las infracciones penales a través de la Red acaparan el único epígrafe que, junto a los delitos de seguridad vial (alcoholemias positivas y conducción sin permiso o sin puntos), se dispara hacia arriba (dentro de los delitos más graves también crecieron los homicidios con dos casos en seis meses). En el caso de la delincuencia informática, la evolución es pareja al uso cada vez masivo de internet y las redes sociales.
El mal uso de la Red también deja huella en los juzgados, en donde cada vez se incoan más diligencias, de ahí que se haya puesto mayor celo en su control. Así, los fiscales de la ciudad, por ejemplo, mantienen contactos específicos con Guardia Civil y Policía Nacional para analizar la evolución general de este tipo de delincuencia, y el seguimiento particular de aquellos asuntos que por cualquier circunstancia merecen un control cercano. Y, según explican en la Fiscalía, reciben información puntual de las fuerzas de seguridad con resúmenes de atestados derivados de hechos con apariencia de ser delitos informáticos.
Fuentes allegadas al Ministerio Público en Ourense no dudan en asegurar que cada vez hay más supuestos en los que "la Red no es tanto el medio para la comisión delictiva o un elemento integrante esencial en su configuración sino la vía de contacto sobre la que con posterioridad se realizan actividades ilícitas que entran a formar parte de los tradicionales delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico".
En el año 2013, el último con datos cerrados y publicados, los fiscales de Ourense calificaron 13 casos por delitos de estafa. Los procedimientos penales más frecuentes, según detallan en su memoria anual, son los relacionados con cargos en cuenta bancaria derivados de actuaciones en páginas web de juegos y apuestas; los "phising" (obtención de claves personales suplantando empresas para su uso fraudulento) o cargos en cuentas bancarias realizados por compras en la Red.
En orden decreciente, también se topan con la realización de abonos previos a la compra de algún producto que nunca es entregado o siendo ese notablemente de inferior calidad, configurando el engaño de la estafa, generalmente a través de páginas web de anuncios de particulares ( milanuncios.com, segundamano.es) o el uso fraudulento de tarjetas de crédito.
Junto con lo anterior, cuantitativamente, los hechos más destacables son las injurias y calumnias vertidas a través de redes sociales o las amenazas o injurias mediante mensajes utilizando la aplicación WhatsApp.
Pero en los juzgados de Ourense preocupa la dificultades con las que se encuentran a la hora de perseguir estos delitos. En concreto, aluden al hecho de tener que acudir a comisiones rogatorias para los supuestos de estafas realizadas ofertando productos a través de páginas web en que la víctima realiza abonos en cuentas con carácter previo a recibir el bien que nunca recepciona.
En los casos en los que esta práctica se produce desde otros países, la complicación de la comisión rogatoria es evidente, ya que para identificar el origen de la oferta señuelo el tiempo que transcurre suele comprometer la prescripción de los asuntos, máxime en cantidades constitutivas de falta. Igualmente, es frecuente que los países receptores establezcan unas cantidades mínimas de perjuicio económico para tramitar las comisiones rogatorias.
Por ejemplo, en un supuesto de estafa como los expresados se tramitó hace dos años una comisión rogatoria al Reino Unido, dando como contestación que solo tramitaban este tipo de requerimientos cuando los perjuicio superaban los 10.000 euros, circunstancia que paralizó la persecución efectiva de la actividad delictiva.
Para los fiscales, resulta "conveniente establecer unos mecanismos de rápida obtención de información que no haga impunes las conductas señaladas".
