El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, negociará con el conselleiro de Política Social para que la provincia tenga un espacio público que dé atención a personas con discapacidad mayores de 21 años
La Diputación negociará con la Consellería de Política Social para que la provincia cuente con un centro público de continuidad que garantice las necesidades educativas de personas mayores de 21 años con discapacidad. No hubo discrepancias sobre la moción del BNG en el pleno provincial celebrado ayer; los votos fueron unánimes a favor.
De ello fueron testigos numerosos padres y madres de estos jóvenes, la gran mayoría miembros de la APA del Centro de Educación Especial Miño de Velle. El portavoz nacionalista, Ramiro Rodríguez, cedió su primera intervención para que la vicepresidenta del colectivo, Eva Gutiérrez, explicase a la Corporación lo que supone el duro día a día de las familias que tienen que cuidar a estas personas. "Nin nós nin eles queremos que estén condenados a estar na casa a partires dos 21 anos", explicó la vicepresidenta, que reivindicó "o dereito a poder elixir entre un centro público ou privado".
Y es que tanto la interviniente como los grupos coincidieron en lamentar el dato de que Ourense sea la única provincia gallega sin un centro público de estas características. Teresa Cerdeira (PP) explicó que esta "circunstancia" se debe a que en otras provincias "había antigos centros do Imserso, e coa transferencia de competencias estatais ás Comunidades Autónomas, aproveitáronse para Política Social". La diputada popular avanzó que el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, ya ha solicitado una entrevista con el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, para tratar este asunto.
Núcleos históricos
La mayoría del PP tumbó, frente a los votos a favor de la oposición, una moción el PSdeG que reclamaba una línea de ayuda para servicios y espacios públicos en núcleos históricos. El socialista Ignacio Gómez aludió al mayor coste de este tipo de obras "xa que requiren de informes máis complexos" y explicó que el motivo de esta iniciativa era apoyar a aquellos concellos que no pueden realizar este tipo de actuaciones "porque carecen de recursos".
Plácido Álvarez (PP) justificó la negativa de su grupo porque "non é posible nestes momentos habilitar unha partida", y añadió que, de ser capaz la Diputación, "estariamos a ser inxustos con concellos que teñen outras necesidades específicas.
Tampoco prosperó una moción de DO solicitando una comisión para reordenar la política de comunicación de la Diputación. Se quejó de cómo tratan los medios de comunicación los comunicados de DO y dijo que modulan sus líneas editoriales según el dinero de las administraciones. Solo su grupo votó a favor, después de que el PP rechazase el acuerdo, al entender que "a oposición ten máis medios ca nunca para traballar e facer comunicación", explicó Plácido Álvarez, quien añadió que "é necesario informar aos cidadáns sobre o que fan as administracións". Aseguró que la legalidad y la transparencia es absoluta y que la inversión en comunicación estaba ya contemplada en los presupuestos y era conocida por la oposición.
Tanto PSdeG como BNG se abstuvieron en la votación, si bien criticaron lo que calificaron de "autobombo" de la Diputación y de la figura de Baltar. Ignacio Gómez llamó la atención sobre que fuese Jácome el que presentase esta iniciativa (en alusión a sus intereses en un canal de TV) y le dijo que para regular la comunicación institucional "se debería abordar unha lei, e iso non compete á Deputación". El BNG, como el PSOE, también se abstuvo, criticando que DO proponga pagar con dinero público la comunicación de los grupos políticos.
