Ourense

La falta de licencia de demolición aplaza el derribo de la casa de Reza

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POLÉMICA EN REZA

La falta de licencia de demolición aplaza el derribo de la casa de Reza

El abogado de la familia presentará una querella contra la Alcaldía de Ourense por un presunto delito de prevaricación 

48 horas hábiles. Ese ha sido el plazo que los servicios jurídicos y el personal funcionario de la Sección de Disciplina Urbanística del Concello han dado a Rosa Alonso y Miguel Fernández, propietarios de la casa pendiente de demolición en Reza, para desalojar la vivienda y poder, así, proceder a su demolición a instancias del Juzgado. Tras más de cuatro horas de negociación del abogado de la familia, Antonio Feijóo, con la comisión, la sentencia parece irreversible y los afectados tendrán que abandonar su hogar antes de las 09,00 horas del lunes, hora para la que está fijado el procedimiento.

El retraso de la demolición es fruto del rechazo del jefe de obra encargado de llevar a cabo la acción, Juan Carlos Mangana, prevista para las 09,00 horas de ayer. Dicha renuncia obligó al ejecutivo local al nombramiento "urgente"de un nuevo equipo técnico, con Alfonso Pavón, jefe del servicio de Urbanismo del Concello, a la cabeza.

La jornada estuvo marcada por la tensión en las inmediaciones de la vivienda. Desde primera hora de la mañana, un cordón policial, formado por más de medio centenar de agentes del cuerpo de la Policía Nacional y Policía Local, impidió el acceso a menos de trescientos metros de la entrada al interior de la propiedad a más de doscientas personas que se acercaron al lugar para mostrar su apoyo a la familia y el rechazo a la orden de demolición. Familiares, amigos, vecinos, informadores e incluso el arquitecto de la casa, Fernando Blanco Guerra, permanecieron en la vía pública a la espera de noticias durante toda la mañana. Los que se anticiparon a la llegada de los agentes, entre ellos miembros del colectivo Stop-Desahucios, intentaron paralizar la acción desde dentro, subiéndose al tejado en protesta por una decisión que consideran "sin precedentes".

Llegado al acuerdo de retraso, y tras la retirada del fuerte dispositivo de seguridad, los Fernández Alonso abrieron las puertas de su casa para ofrecer sus impresiones. 

Críticas del abogado

El primero que tomó la palabra fue el abogado defensor, que criticó la actuación de los técnicos municipales por negarse a paralizar la obra "a pesar de ser conocedores de que se está actuando sin licencia y, aun así, siguieron adelante contra viento y marea". Según el jurista, los trabajadores "han venido a hacer una obra de derribo sin licencia y sin proyecto aprobado de demolición", algo que, indicó, "es indispensable para proceder", puesto que aunque se aprobó la ejecución subsidaria de demolición, "no así el proyecto" en junta de gobierno. "El juez ha dicho que tiene que ser la Administración quien redacte el proyecto de demolición y eso tiene que aprobarlo la Administración", añadió Feijóo, quien, además, criticó la actuación "absolutamente precipitada y dantesca" por parte del gobierno local.

Trasladando la intención de los afectados de suspender la orden de diligencia diez días "para regularizar los trámites de aprobación del proyecto y anulación del tanque de gasoil", el abogado apuntó que el domingo el matrimonio había remitido un escrito a la Consistorial que fue denegado. Feijóo finalizó su intervención anunciando que presentará una querella, principalmente contra el alcalde en funciones, Agustín Fernández, ante el juez de instrucción para que "analice la situación y tome medidas cautelares ante un presunto delito de prevaricación".

Rosa alonso se derrumba

La propietaria de la vivienda apuntó que "en sesenta años que tengo, nunca había visto tal despliegue policial" y criticó la decisión judicial de "demoler la casa que hemos ido construyendo poco a poco durante 23 años". Además, Alonso anunció que trasladará el caso al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Europa, al considerar "ilegal" dicho derribo. Entre lágrimas y un emotivo aplauso de sus íntimos, denunció que "alguien de la Policía Local llamase a la protectora de animales para que viniesen a recoger a mi perro, sin ni siquiera consultarme si tenemos otro lugar donde dejarlo".