La exigencia de la Xunta de ponerles fin genera preocupación entre empresas funerarias, alcaldes y asociaciones vecinales
La advertencia que la Consellería de Sanidade hace a los concellos sobre la obligación de cumplir con el Decreto de Sanidade Mortuoria, que afecta fundamentalmente a los pueblos del rural en los que se utilizan los centros sociales para velar los cadáveres, está suscitando disparidad de opiniones entre las autoridades municipales y las asociaciones vecinales. Así, mientras algunos consideran que es una medida injusta y sin sentido porque la práctica no causa ningún daño, otros están de acuerdo con que se aplique la ley, del mismo modo que se hace con las empresas que regentan velatorios y tanatorios.
La circular que remite Sanidade todavía no ha llegado a todos los concellos, aunque algunos ya confirmaron que la han recibido. El presidente de las empresas funerarias de Ourense, Antonio García Aliende, prevé dirigirse hoy a los responsables de Sanidade "para saber lo que está pasando", teniendo en cuenta que la sanción por ese tipo de infracción, que ha sido calificada como grave, recae en las funerarias. "Sanidade tendrá que decirnos con qué locales no podemos trabajar para explicárselo a los vecinos, porque la sanción mínima es de 3.000 euros", apuntaba uno de los empresarios del sector, en Carballiño. Desde Ramirás, Antonio Taboada de la Funeraria San Andrés, expresaba su conformidad con la normativa. "Si a las empresas nos exigen una cantidad de requisitos, ¿por qué a los demás no? La ley debería ser igual para todos", apunta.
Servicio para el rural
Totalmente contrario al Decreto 151/2014 se posiciona el alcalde de Boborás, uno de los muchos concellos en los que los vecinos utilizan los centros sociales para ese fin. Cipriano Caamaño declaraba que "esto no es legal porque la ley se hizo para defender intereses privados no para hacer la vida más cómoda a los vecinos". El regidor afirma que la mayoría dispone de seguro de deceso, que cubre el gasto en un velatorio privado, pero "también hay personas que no lo tienen y no pueden pagarlo, ¿entonces que hacemos con el cuerpo?", y añadía que "si cierran los centros sociales, el Concello abrirá el pabellón polideportivo, estoy dispuesto a que me abran expediente". Caamaño defiende el derecho "de poder velar a los muertos en el lugar en donde han vivido". Y se pregunta :"¿Qué daño causa eso?".
El alcalde de Cortegada, Avelino de Francisco, opina que se deben hacer las reformas para adaptarlos a la normativa vigente, pero que "el control no corresponde a los concellos, es una responsabilidad de la Xunta". En Cortegada, disponen de un velatorio privado y uno vecinal "que pienso que está legal, pero no me corresponde a mi comprobarlo".
El regidor de Cenlle, Gabriel Alén, se pone en el lugar de los empresarios que invierten dinero para cumplir con la normativa. Por eso, "creo que el uso de los centros sociales únicamente supone un perjuicio económico para esos empresarios. Que me digan en qué otro aspecto es perjudicial, si antes se velaban en las propias casas". El Concello ultima la tramitación de un velatorio municipal y los vecinos de una parroquia utilizan su centro social. Piñor también tiene instalaciones municipales y un velatorio vecinal."No podemos proceder contra la norma pero hay que usar el sentido común y nunca hubo problemas con los centros sociales", manifestaba el teniente alcalde, Uxío Rodríguez Blanco.
La misiva de Sanidad todavía no ha llegado a la Baixa Limia, si bien los regidores reconocen que la mayoría de los vecinos hacen uso de los diferentes velatorios privados o municipales. "Está claro que en alguna parroquia aún se hace uso del centro social y que los vecinos se verán perjudicados por el desplazamiento, pero es cuestión de acostumbrarse", matizó desde Lobios la alcaldesa, Carmen Yáñez. En Celanova, el alcalde José Luis Ferro calcula que habrá un par de parroquias afectadas por el decreto. "Cuanto nos llegue la circular, informaremos a los vecinos de la situación", explica Ferro, que entiende que hay que cumplir la normativa, más cuando no hacerlo supone un perjuicio para los propietarios de dichos negocios.
En Xinzo, el alcalde Antonio Pérez no cree que el cumplimiento del decreto represente un gran problema para sus convecinos al existir en el municipio tres empresas privadas que cubren el servicio. Mientras que en Monterrei, José Luis Suárez, reconoce que hay velatorios en algunos pueblos que prestan un servicio importante para los vecinos. "Creo que cada vez ponen más trabas para todo. A lo mejor se presta un servicio al borde de la legislación, pero abría que facilitar los requisitos, que no fueran más exigentes", insiste.
Reuniones vecinales
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Carballiño, que aglutina a 20 entidades, se mostró sorprendida por la exigencia, asegurando que hay locales que ya cuentan con cámara de frío y otros que no tienen, en los que incluso se utiliza el mismo espacio para velar difuntos y desarrollar todo tipo de actividades. "Cuando nos lo comunique el Concello, convocaré una reunión para ver qué opinan las asociaciones", puntualizó. Entre esas agrupaciones está la de Veiga y su presidente, Eulogio Alonso, es uno de los que defiende que los locales deben adaptarse a la norma, "que los vecinos o la asociación los reformen porque es una competencia desleal con las empresas".
