La Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas advierte de graves consecuencias si las normas urbanísticas transitorias de la ciudad llegan a aprobarse definitivamente tal y como las presentó la Xunta para su aprobación inicial, el pasado 5 de agosto.
Este ordenamiento provisional incluye 15 áreas de reparto de interés general (para desbloquear importantes proyectos de dotaciones públicas, industria o comercio) que pidió el Concello. Pero también ampara otras 15 áreas privadas, solicitadas por promotores, y que la Xunta incluyó alegando que ya contaban con todo su desarrollo aprobado definitivamente.
No obstante, a través de sus socios, la entidad tiene constancia de que hay más ámbitos privados (desconocen el número exacto) que también tenían aprobación definitiva, incluso con las cesiones formalizadas, y no fueron recogidas en las normas urbanísticas provisionales, aun cuando sus titulares lo pidieron. '¿Por qué unas sí se han incluido y otras no?', pregunta Pedro Seara, presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas. A su juicio, la actuación del Concello fue 'coherente' pues sólo propuso ámbitos de interés público, pero critica que la Xunta incluyese sólo una parte de los ámbitos privados, lo que permite a unos promotores desarrollar sus proyectos y a otros no, aunque su área de reparto tuviese también aprobación firme.
Los afectados no pudieron presentar alegaciones en el plazo abierto al efecto porque era el Concello el único que podía hacerlo, aunque sí presentaron escritos comunicando su disconformidad. La aprobación definitiva de las citadas normas aún está prevista para octubre. Si finalmente no se adopta un mismo criterio para los ámbitos privados (o todos o ninguno), los afectados recuerdan que podrán impugnar ante la Xunta e ir luego al contencioso (y pedir la suspensión cautelar de las normas en el apartado privado). También pueden solicitar daños y perjuicios y, además, si en el nuevo PXOM no incluye sus áreas, reclamar ante el Concello. A juicio de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, la responsabilidad es de la Xunta, pero podría repercutir gravemente en el Concello por los daños y perjuicios.
VALORES CATASTRALES E IBI
Por otra parte, desde que se anuló el PXOM de 2003 y se retomó el de 1986, la asociación reclama conocer cómo se va a aplicar el IBI sobre propiedades cuya calificación urbanística -y, por consiguiente, su valor catastral- cambian, pues considera injusto el pago según una clasificación que no es la válida.
Así, la asociación presentó en abril un escrito al Catastro pidiendo que, hasta que se apruebe un nuevo PXOM, se tenga como valor catastral el de 1986, y otro en el Concello para que se suspendiese el IBI en los terrenos afectados o, de abonarse, que su valor catastral se ajuste al plan de 1986.
Según explica Seara, tras este escrito se reunió con el alcalde, quien le comunicó que estaban analizando el tema y elaborando una lista de propiedades afectadas por cambios de calificación. No obstante, desde junio intentó conocer los avances al respeto, sin que haya sido posible, ni recibió respuesta al escrito.
Así, la asociación decidió presentar recurso de reposición ante el Catastro, recordando que debe fijar los valores catastrales según el plan vigente (1986), o realizar un estudio de mercado que establezca un valor acorde con la situación actual. Además, en otro recurso ante el Concello alegan que los valores catastrales actuales no son válidos y, de cobrar el impuesto, habría un 'enriquecimiento injusto' y sería responsable de 'daños y perjuicios'.
CONSENSO
Catastro y Concello tienen tres meses para responder, si no, la asociación prevé ir al Juzgado de lo Contencioso. 'Lo que queremos es llegar a una solución consensuada', afirma Seara, quien entiende que la vuelta al plan del 86 causaría un fuerte recorte en la recaudación municipal, pero también debe defender los derechos de los más de 1.000 miembros de la entidad.
La asociación recuerda que los recibos del IBI que se pasan al cobro este año corresponden a 2010, con lo que no están afectados por este problema, pero sí los del próximo ejercicio, con lo que el plazo de actuación es escaso y 'la ciudadanía merece saber qué va a pasar'.
No obstante, a través de sus socios, la entidad tiene constancia de que hay más ámbitos privados (desconocen el número exacto) que también tenían aprobación definitiva, incluso con las cesiones formalizadas, y no fueron recogidas en las normas urbanísticas provisionales, aun cuando sus titulares lo pidieron. '¿Por qué unas sí se han incluido y otras no?', pregunta Pedro Seara, presidente de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas. A su juicio, la actuación del Concello fue 'coherente' pues sólo propuso ámbitos de interés público, pero critica que la Xunta incluyese sólo una parte de los ámbitos privados, lo que permite a unos promotores desarrollar sus proyectos y a otros no, aunque su área de reparto tuviese también aprobación firme.
Los afectados no pudieron presentar alegaciones en el plazo abierto al efecto porque era el Concello el único que podía hacerlo, aunque sí presentaron escritos comunicando su disconformidad. La aprobación definitiva de las citadas normas aún está prevista para octubre. Si finalmente no se adopta un mismo criterio para los ámbitos privados (o todos o ninguno), los afectados recuerdan que podrán impugnar ante la Xunta e ir luego al contencioso (y pedir la suspensión cautelar de las normas en el apartado privado). También pueden solicitar daños y perjuicios y, además, si en el nuevo PXOM no incluye sus áreas, reclamar ante el Concello. A juicio de la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, la responsabilidad es de la Xunta, pero podría repercutir gravemente en el Concello por los daños y perjuicios.
VALORES CATASTRALES E IBI
Por otra parte, desde que se anuló el PXOM de 2003 y se retomó el de 1986, la asociación reclama conocer cómo se va a aplicar el IBI sobre propiedades cuya calificación urbanística -y, por consiguiente, su valor catastral- cambian, pues considera injusto el pago según una clasificación que no es la válida.
Así, la asociación presentó en abril un escrito al Catastro pidiendo que, hasta que se apruebe un nuevo PXOM, se tenga como valor catastral el de 1986, y otro en el Concello para que se suspendiese el IBI en los terrenos afectados o, de abonarse, que su valor catastral se ajuste al plan de 1986.
Según explica Seara, tras este escrito se reunió con el alcalde, quien le comunicó que estaban analizando el tema y elaborando una lista de propiedades afectadas por cambios de calificación. No obstante, desde junio intentó conocer los avances al respeto, sin que haya sido posible, ni recibió respuesta al escrito.
Así, la asociación decidió presentar recurso de reposición ante el Catastro, recordando que debe fijar los valores catastrales según el plan vigente (1986), o realizar un estudio de mercado que establezca un valor acorde con la situación actual. Además, en otro recurso ante el Concello alegan que los valores catastrales actuales no son válidos y, de cobrar el impuesto, habría un 'enriquecimiento injusto' y sería responsable de 'daños y perjuicios'.
CONSENSO
Catastro y Concello tienen tres meses para responder, si no, la asociación prevé ir al Juzgado de lo Contencioso. 'Lo que queremos es llegar a una solución consensuada', afirma Seara, quien entiende que la vuelta al plan del 86 causaría un fuerte recorte en la recaudación municipal, pero también debe defender los derechos de los más de 1.000 miembros de la entidad.
La asociación recuerda que los recibos del IBI que se pasan al cobro este año corresponden a 2010, con lo que no están afectados por este problema, pero sí los del próximo ejercicio, con lo que el plazo de actuación es escaso y 'la ciudadanía merece saber qué va a pasar'.
