Los colegios de Economistas y de Gestores Administrativos de Ourense apoyaron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera ilegal el sistema de sanciones que aplica Hacienda a los contribuyentes que no declaran correctamente y a tiempo sus bienes y activos en el extranjero. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Gobierno modificará esta norma tras la sentencia, y los profesionales ourensanos consideran que debe incluir sanciones de menor cuantía, ya que el antiguo sistema contemplaba multas de hasta un 150% de la cuota de liquidación.
“Los economistas ya veníamos reclamando que una sanción tan alta por la declaración fuera de plazo era desproporcionada”, afirma Carmen Sampayo, decana del Colegio de Economistas ourensano, y añade que “no hay que olvidar que cuando alguien voluntariamente presenta un modelo, aunque sea fuera de plazo, lo está presentando porque quiere regularizar su situación, y eso no se valoraba y se ponían unas sanciones muy elevadas, que además no guardaban proporción con los otros impuestos”.
Esta normativa, que nació con la ley de lucha contra el fraude fiscal de 2012, obliga a los titulares de cuentas en entidades financieras, títulos, activos, valores, bienes inmuebles, monedas virtuales o seguros de vida valorados en más de 50.000 euros y con residencia en España a informar a la Agencia Tributaria. El incumplimiento estaba sujeto a multa de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos no comunicado o erróneo, con un mínimo de 10.000 euros, o, en caso de que la declaración se presente fuera de plazo, de 100 euros por cada dato o conjunto de datos con un mínimo de 1.500 euros.
El subdelegado del ourensano Colegio de Gestores Administrativos, Antonio Malingre, también ve “correcta” la decisión de la justicia europea, y espera que la nueva normativa que presentará el Gobierno incluya sanciones proporcionadas y acordes a otras declaraciones. “En declaraciones informativas te pueden meter un porcentaje de la información dejada de declarar, pero estamos hablando de un 25% como máximo”, destacó.
También considera que “las multas eran exageradas, no tenían correlación ninguna y la gente tenía muchísimo miedo, porque te olvidabas de hacer una declaración y no la cumplimentabas después por miedo a la sanción”.
Otro de los aspectos polémicos de la normativa que tumbó el TJUE es la imprescriptibilidad de la irregularidad administrativa, y esta deberá ser modificada por un plazo que, para Malingre, debería ser de “cuatro años desde la fecha de devengo, como ocurre con el resto de impuestos”.
Esta visión no la comparte la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que opta por un plazo superior. “Animamos al legislador nacional para que, en el desarrollo y ejecución de esta sentencia de la UE modifique la normativa y eleve, para estos casos el periodo de prescripción, más allá de los 4 años actuales”, afirmaron.
Los inspectores, que comparten “parcialmente” la sentencia, denuncian que no se haga ninguna diferenciación en función de los países en los que se encuentren situados dichos bienes. En concreto, se refieren a los casos de países que tengan la consideración de paraísos fiscales o con los que no exista un intercambio efectivo de información.
El migrante retornado, el más afectado por la norma en Ourense
En la provincia, el perfil más afectado por las sanciones es el del migrante retornado, como indica la especialista en fiscalidad Cristina Rodríguez, de Confyr Abogados. “Nosotros tenemos clientes a los que se le ha hecho el modelo 720 -así se conoce al formulario para regularizar patrimonio en el extranjero- en su día porque estaban emigrados en Suiza y dejaron allá un dinero, o porque incluso el marido era italiano y falleció y dejó en herencia unos bienes en Italia”, aseguró. Considera que en la mayoría de los casos la declaración fuera de tiempo de este patrimonio responde a un descuido y no a un intento por ocultarlo, por lo que considera que las sanciones no deben superar “un 20% o un 30%”.
“La gente no tiene por qué estar al tanto, nosotros a los clientes que teníamos y que sabíamos que tenían que declararlo los hemos avisado, pero a lo mejor por ellos mismos no se hubieran percatado en su día. Imagina que se te ha olvidado o no te has enterado de que tenías que declararlo y te dicen que si te pasas un mes ya no vale de nada”, agregó la especialista.
Antonio Malingre, del colegio de Gestores Administrativos, considera que en la provincia hay “mucha gente” que tiene un patrimonio superior a los 50.000 euros fuera de las fronteras nacionales, por lo que entrarían dentro de la obligatoriedad de notificárselo a Hacienda. “Conozco a gente a la que le pusieron multas importantes por esto”, manifestó.
