La investigación judicial en torno a la denuncia presentada por una menor de edad sobre las supuestas vejaciones que sufrieron en el año 2008 en la casa hogar Lar de la calle Río Casaio, ya clausurada, incorporó la declaración de una trabajadora que estuvo en ese piso de acogida y que corroboró alguno de los aspectos denunciados por una adolescente -entonces de 17 años-.
Manifestó en los interrogatorios que el director -el imputado Arturo E.R.-, quien visitaba el centro con una periodicidad semanal, les había permitido darles un 'pequeño cachete' o un 'tirón de orejas' a los niños cuando se portasen mal. Asimismo, confirmó que, delante de ella, se había dirigido de forma abrupta a la joven con palabras como 'puta' o 'tu familia no te quiere'. A tenor de su testimonio, se desprende que el director infundía un gran temor entre los niños allí alojados ('uno se orinó encima tras zarandearlo').
En cuanto a los humillantes castigos presuntamente infligidos por parte de dos educadoras (las también imputadas Noemí B.D. y Vanesa F.D.), aludió al carácter severo de la primera.
La institución Hogares y Apoyo al Menor Lar regentaba entonces en Ourense tres casas de acogida en virtud del contrato de prestación de servicios públicos suscrito con la Xunta (el tutor de los niños es la Administración pero se cede la guarda a esa asociación): Casaio, Vistafermosa y Valdomiño (Barbadás). A raíz de la investigación, se clausuró la primera y Vistafermosa acabó cerrando. En la actualidad, mantiene, en virtud de la renovación de contratos con la Consellería de Benestar, tres casas en toda Galicia (Pontevedra, Lugo y Ourense). La de Lourizán (Pontevedra), está dirigida por Arturo E.R., quien también es vicepresidente de la Asociación Gallega de Centros de Menores (Agaceme).
La imputación por maltrato psicológico y contra la integridad moral habitual y sobre menores de edad ya ha suscitado un debate sobre si las medidas de control de la Xunta sobre las asociaciones privadas con las que firma acuerdos de colaboración son suficientes. El socialista Pablo López Vidal anunció ayer que llevará este tema -'feitos intolerables'- al Parlamento gallego. Según dijo, los hechos denunciados ponen de manifiesto 'a carencia dun control eficaz sobre os centros concertados'.El PSOE entiende que no pueden primar los intereses económicos sobre la calidad en la prestación del servicio'.
En el momento en que se denunciaron las vejaciones, según pudo saber este diario, la Xunta destinaba 28,10 euros diarios por plaza conveniada .La casa tenía asignadas un total de ocho para niños entre los 3 y 18 años, todos ellos en situación de riesgo o desamparo y cuya tutela les fue retirada a los padres.
En cuanto a los humillantes castigos presuntamente infligidos por parte de dos educadoras (las también imputadas Noemí B.D. y Vanesa F.D.), aludió al carácter severo de la primera.
La institución Hogares y Apoyo al Menor Lar regentaba entonces en Ourense tres casas de acogida en virtud del contrato de prestación de servicios públicos suscrito con la Xunta (el tutor de los niños es la Administración pero se cede la guarda a esa asociación): Casaio, Vistafermosa y Valdomiño (Barbadás). A raíz de la investigación, se clausuró la primera y Vistafermosa acabó cerrando. En la actualidad, mantiene, en virtud de la renovación de contratos con la Consellería de Benestar, tres casas en toda Galicia (Pontevedra, Lugo y Ourense). La de Lourizán (Pontevedra), está dirigida por Arturo E.R., quien también es vicepresidente de la Asociación Gallega de Centros de Menores (Agaceme).
La imputación por maltrato psicológico y contra la integridad moral habitual y sobre menores de edad ya ha suscitado un debate sobre si las medidas de control de la Xunta sobre las asociaciones privadas con las que firma acuerdos de colaboración son suficientes. El socialista Pablo López Vidal anunció ayer que llevará este tema -'feitos intolerables'- al Parlamento gallego. Según dijo, los hechos denunciados ponen de manifiesto 'a carencia dun control eficaz sobre os centros concertados'.El PSOE entiende que no pueden primar los intereses económicos sobre la calidad en la prestación del servicio'.
En el momento en que se denunciaron las vejaciones, según pudo saber este diario, la Xunta destinaba 28,10 euros diarios por plaza conveniada .La casa tenía asignadas un total de ocho para niños entre los 3 y 18 años, todos ellos en situación de riesgo o desamparo y cuya tutela les fue retirada a los padres.
