Las empresas ourensanas pierden derechos de CO2

El nuevo plan de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que se está preparando para el periodo 2013-2020 limita las asignaciones que las empresas tenían en el período anterior (2008-2012), lo que repercute notablemente en las firmas ourensanas. En concreto, las cinco industrias de la provincia incluidas en el plan pasan de las 210.180 toneladas que tenían hasta ahora a 93.400 en 2013, y a 80.400 en 2020.
En concreto, el nuevo plan asigna a Gallega de Residuos Ganaderos derechos de emisión de 19.123 toneladas en 2013, cifra que se va reduciendo año a año hasta quedar en 16.794 en 2020. Es una cuantía muy inferior a la actual, 52.550 toneladas, aunque hacía un consumo superior (61.733 en 2010).

Cooperativas Ourensanas, mientras, recibe derechos de emisión de 15.971 toneladas en 2013, que también decrecen año a año hasta 5.260 en 2020. Actualmente tenía 58.500 toneladas y gastaba algo más (59.875 en 2010).

Finsa-Orember agrupa los derechos que ahora tenía divididos en dos instalaciones y podrá emitir 46.854 toneladas anuales en el periodo 2013-2020. En el régimen anterior, sus derechos se repartían entre Gallega de Cogeneración y Orember SA, que sumaban unos derechos de 75.161 toneladas, de los que gastaban poco más de 70.000.

Por su parte, Cerámica Xunqueira podrá emitir 6.141 toneladas al año, menos de la mitad que hasta ahora (14.121), aunque ya no consumía todo lo que tenía asignado (en 2010 declaró 9.471 toneladas). Mientras, Cerámica La Manchica tendrá un derecho de 5.345 toneladas de CO2 anuales, frente a los 9.768 de los últimos años. No obstante, ya no estaba consumiendo todo lo asignado (y, de hecho, en 2010 declaró 3.017, menos de lo otorgado para los próximos años).

El recorte de derechos de emisión reduce también las opciones de compraventa de derechos por parte de las empresas, según gasten más o menos de lo asignado.

El plan de derechos de asignación está en fase de exposición pública por parte del Ministerio de Medio Ambiente, para que las empresas puedan alegar, antes de su aprobación definitiva.

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