Un espejo político para Jácome

En abril de 1996, el alcalde de Xinzo de Limia, Isaac Vila, era condenado a cuatro años de inhabilitación, en una sentencia confirmada por el Tribunal Supremo, acusado de tráfico de influencias al aprobar facturas de compra en la Diputación en una droguería propiedad de su familiar, siendo él presidente de la comisión de Agricultura de la institución provincial. Años después, volvió a ser regidor, ya en 2001, y recibido entre vítores por los suyos. Unas cuantas facturas de compra de material para la Diputación a una empresa de la que era propietario acabaron temporalmente con su carrera. El de Vila es quizás uno de los casos más parecidos al que concierne al actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra quien se ha querellado la Fiscalía por presunta malversación de caudales públicos entre 2015 y 2018, en su etapa en la oposición, y que continúa haciendo como alcalde, como él mismo reconoce, por desvío de fondos de hasta 100.000 euros procedentes de fondos públicos del grupo municipal de DO a una empresa de su propiedad, en la que opera la emisora Auria Televisión. EJEMPLOS DONDE MIRARSE Un ejemplo se encuentra en el limiano Isaac Vila. Sin embargo, relacionado precisamente con los cheques, modus operandi con el que Jácome habría desviado esas cantidades según la fiscalía, hay casos semejantes en la propia provincia. Como el del exalcalde de Os Blanco Antonio Rodríguez Ferreiro, que acabó en la cárcel -salió en 2012 tras ingresar en 2009- por un delito de malversación de fondos públicos atribuidos a su etapa como regidor entre los años 1997 y 1999. Fue declarado culpable de desviar 228.000 euros euros con facturas falsas de obras a través de cheques que, según la sentencia, ordenaba emitir al portador en cantidades inferiores a 3.000 euros y que después se embolsaba. Quedó inhabilitado para ejercer la política. También cerca está el caso del exalcalde de Portas Roberto Vázquez Souto, condenado a un año de inhabilitación en 2010 por contratar a sus propias empresas, con una multa de 3.600 euros y la suspensión de empleo público. El alcalde realizó contrataciones administrativas del Concello “con empresas que a su vez contrataban con sus empresas familiares o con empresas pertenecientes a su ámbito familiar y de las que él era el real administrador”, por medio de la contratación directa, según dictaba la sentencia. Este conflicto de intereses con empresas de por medio le costó el cargo al ‘delfín’ de Manuel Fraga en la Xunta, Xosé Cuíña, en 2003. El conselleiro de Política Territorial se vio abocado a la dimisión al trascender que una empresa vinculada a él había vendido material para limpiar las playas contaminadas por el Prestige a la propia Xunta de Galicia. Él siempre defendió que esa empresa había donado y colaborado con la causa contenedores por valor de 36.000 euros, mientras que había trascendido la venta de 8.520 trajes de agua y 3.000 por 40.000 euros. Otro político caído en estratagemas similares a la de Jácome fue el expresidente de la comunidad autónoma de Cantabria Juan Hormaechea, inhabilitado siete años por un delito continuado de malversación de caudales públicos, aunque no acabó en la cárcel. Dimitió en 1994 al conocerse su condena por haber ordenado a fabricación de los carteles que anunciaban las obras financiadas por la comunidad autónoma a la empresa de un amigo, sin justificación y por utilizar fondos públicos para pagar anuncios en los que descalificaba a sus rivales políticos -algo que suena muy Auria Tv-. Uno de los casos más recientes de posible malversación que le costó el puesto a un político español sin esperar a sentencia es el de Manuel Ayerdi, consejero del Gobierno Foral de Navarra, que dimitió en enero de este 2021 de su cargo una vez que el Supremo le comunicó la apertura de una investigación. También dejó su puesto Jorge Rodríguez, expresidente de la Diputación de Valencia, que renunció a su cargo en 2018 por estar investigado por malversación y sin esperar a una condena firme. A veces, son unas decenas de euros los que cuestan el puesto. Como a Teresa Fernández, segunda teniente de alcalde de Fuenlabrada, que en 2016 dejó el cargo por 169 euros, que fue el coste de las obras que realizó en su casa y que derivó en una causa que juzgó la Audiencia Provincial de Madrid, al haber sido cometida con medios materiales y humanos del Ayuntamiento, algo que suena también muy parecido al modus operandi de Auria TV, que llegó a utilizar como cámara a empleados que cobraban del Concello al ser personal eventual del regidor. PARECIDOS RAZONABLES Los parecidos con Jácome aparecen por distintas latitudes, casi con el fin de la carrera política de los implicados como consecuencia. Un caso con parecidos razonables es el sucedido en Grañén (Huesca), donde en 2011 los propios concejales del PSOE denunciaron al alcalde socialista Juan Antonio Rodríguez -lo que parece una precuela de lo vivido en el Concello de Ourense con Jácome-. Acabó inhabilitado por seis meses y condenado a pagar 60.000 euros por emitir facturas falsas para desviar fondos europeos. En 2016, dimitía el alcalde de Arrecife (Lanzarote), acusado de malversación por dudosas adjudicaciones, al igual que en 2013 dejó el cargo de Sabadell, Manuel Bustos, que se marchó al ser investigado por malversación y sin apertura de juicio. El exregidor de San Roque (Cádiz) José Vázquez recibió, como Jácome, una querella de la propia Fiscalía, en 2008, por adjudicar una instalación de vallas a su propia empresa y llegó a ir al juzgado, pero falleció al poco tiempo de declarar. En casa, no es difícil encontrar ejemplos de dignidad en políticos que dimitieron por el mero hecho de ser investigados por presunta malversación, aunque después fueran absueltos o no juzgados, como el exportavoz nacionalista Xosé Somoza, el también nacionalista Andrés García, o el exalcalde socialista Francisco Rodríguez. Las comparaciones, la mayor parte de las veces, son odiosas.