El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, que es el órgano permanente, especializado y colegiado que tiene como fin justipreciar los bienes expropiados por la Administración General del Estado, motivó a lo largo del año 2010, con sus decisiones, 'un total de 40 recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa', confirman desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense.
Esto significa una caída del 60% respecto a los recursos presentados en el año 2009, cuando se elevaron a 100. Fuentes de la Subdelegación señalan que 'el porcentaje de resoluciones recurridas por la vía judicial es relativamente baja, en relación a los expedientes resueltos a lo largo de un año', atribuyéndolo a la 'equidad' en los precios fijados por el jurado ourensano. En lo que va de año, en las distintas sesiones celebradas, se resolvieron 776 expedientes de bienes rústicos (832 en el año anterior) y 36 de bienes urbanos (91 en 2009). Permanecían sin resolver un total de 158, a fecha de 22 de diciembre.
La mayoría de los expedientes resueltos se corresponden con las obras del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad (eje Ourense-Santiago de Compostela, del tramo Ourense-Lalín); la autovía de las Rías Baixas; la autoría Verín-Frontera portuguesa; las obras de canalización de la intersección N-541, a la altura del concello de Cea; la ejecución del proyecto sectorial para la implantación de la central de transportes y terminal intermodal; y las concesiones mineras Lavandeira' y Queivane III.
En cuanto a los expedientes todavía por resolver, la mayor proporción se corresponde a las obras de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en los términos municipales de Ourense y Carballiño, con entrada en el Jurado a finales del año 2009 y finales del año 2010, respectivamente.
En términos absolutos, en el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa se encuentran resueltos, a día de hoy, el 90% de los expedientes (en el año 2008 había 1.186 expedientes pendientes y en el año 2009, había 535).
El Jurado Provincial interviene cuando la Administración que expropia realiza una primera oferta para llegar a un acuerdo con el expropiado, pero no se alcanza en consenso. En ese primer momento, la Administración presenta una hoja de aprecio (oferta por escrito). Es entonces cuando el interesado, si rechaza esta opción, recurre al Jurado de Expropiación Forzosa para que establezca el justiprecio. Analizado el expediente y según el sistema de valoración vigente (la ley del suelo 8/2007 de 28 de mayo contempla variaciones en las valoraciones que se realicen a partir de esa fecha), el Jurado fija un precio y lo notifica a la Administración y al administrado. El interesado puede recurrir la resolución en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Éste, en lo que va de año, ha resuelto 21 expedientes, por los 190 que resolvió el año 2009.
El Jurado de Expropiación Forzosa está formado por un Presidente (un magistrado designado por la Audiencia provincial) y los siguientes vocales: un abogado del Estado, dos arquitectos (cuando la expropiación se refiera a la propiedad urbana), dos ingenieros de montes (cuando la expropiación se refiera a la propiedad rústica), dos ingenieros agrónomos (cuando la expropiación se refiera a la propiedad rústica), un representante del Sindicato Agrario Galego (cuando la expropiación se refiera a la propiedad rústica) y un notario. Como secretario actúa el secretario general de la Subdelegación del Gobierno.
El Jurado Provincial convive con el autonómico, especializado en los procedimientos para la fijación del precio justo en la expropiación forzosa cuando la administración expropiante sea la comunidad autónoma o las entidades locales de su ámbito territorial. Éste fue creado en febrero de 2006.
La mayoría de los expedientes resueltos se corresponden con las obras del corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad (eje Ourense-Santiago de Compostela, del tramo Ourense-Lalín); la autovía de las Rías Baixas; la autoría Verín-Frontera portuguesa; las obras de canalización de la intersección N-541, a la altura del concello de Cea; la ejecución del proyecto sectorial para la implantación de la central de transportes y terminal intermodal; y las concesiones mineras Lavandeira' y Queivane III.
En cuanto a los expedientes todavía por resolver, la mayor proporción se corresponde a las obras de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en los términos municipales de Ourense y Carballiño, con entrada en el Jurado a finales del año 2009 y finales del año 2010, respectivamente.
En términos absolutos, en el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa se encuentran resueltos, a día de hoy, el 90% de los expedientes (en el año 2008 había 1.186 expedientes pendientes y en el año 2009, había 535).
El Jurado Provincial interviene cuando la Administración que expropia realiza una primera oferta para llegar a un acuerdo con el expropiado, pero no se alcanza en consenso. En ese primer momento, la Administración presenta una hoja de aprecio (oferta por escrito). Es entonces cuando el interesado, si rechaza esta opción, recurre al Jurado de Expropiación Forzosa para que establezca el justiprecio. Analizado el expediente y según el sistema de valoración vigente (la ley del suelo 8/2007 de 28 de mayo contempla variaciones en las valoraciones que se realicen a partir de esa fecha), el Jurado fija un precio y lo notifica a la Administración y al administrado. El interesado puede recurrir la resolución en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Éste, en lo que va de año, ha resuelto 21 expedientes, por los 190 que resolvió el año 2009.
El Jurado de Expropiación Forzosa está formado por un Presidente (un magistrado designado por la Audiencia provincial) y los siguientes vocales: un abogado del Estado, dos arquitectos (cuando la expropiación se refiera a la propiedad urbana), dos ingenieros de montes (cuando la expropiación se refiera a la propiedad rústica), dos ingenieros agrónomos (cuando la expropiación se refiera a la propiedad rústica), un representante del Sindicato Agrario Galego (cuando la expropiación se refiera a la propiedad rústica) y un notario. Como secretario actúa el secretario general de la Subdelegación del Gobierno.
El Jurado Provincial convive con el autonómico, especializado en los procedimientos para la fijación del precio justo en la expropiación forzosa cuando la administración expropiante sea la comunidad autónoma o las entidades locales de su ámbito territorial. Éste fue creado en febrero de 2006.
