Tendrá que declarar desde su domicio en León a causa de su "delicado estado de salud"
La jueza que se hizo cargo de la instrucción de caso del 10%, la denuncia de la exedil socialista Áurea Soto por un supuesto trato de favor a promotores, por el hecho de que entre 1999 y 2002 se permitiera desde el Concello el aprovechamiento del 100% de suelo en sus proyectos privados, acaba de acordar que tomarle declaración en calidad de testigo al exsecretario municipal Mariano Rodríguez. El anterior instructor, Leonardo Álvarez, quien dejó la causa al ser denunciado por Soto ante el TSXG por prevaricación judicial, había citado a Rodríguez en varias ocasiones pero su delicado estado de salud impidió la comparecencia judicial.
Según el último auto de la magistrada Eva Armesto, el exfuncionario será interrogado en su propio domicilio de León "dado que su delicado estado de salud, según consta en los parte médicos que obran en los autos, no hace posible que se lleve a cabo a través de videoconferencia "(en sede judicial).
Al mismo tiempo, la instructora rechaza la petición del fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, de citar en calidad de investigado al exalcalde socialista Manuel Veiga Pombo al entender que el delito de malversación estaría prescrito. El fiscal pidió su citación en tanto que el acuerdo plenario en el que se aprobó no exigir los aprovechamientos por falta de un plan urbanístico adaptado se produjo en 1994, durante el mandato del socialista.
La jueza si atiende la petición del ministerio público de librar un oficio al Concello de Ourense para que informe del momento exacto en el que dejó de aplicarse la exención del 10 del aprovechamiento urbanístico acordado en el pleno del 15 de diciembre de 1994.
En este procedimiento, figuran como investigados el exalcalde del PP Manuel Cabezas (1995-2007) y dos de sus exediles de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador y Julio Díaz Salcedo. El primer juez que vio la causa acordó el sobreseimiento del delito de prevaricación por prescripción pero la Audiencia de Ourense ordenó reabrir el caso al considerar que había sido una decisión prematura al "no poder descartarse la posible conexidad delictiva entre el delito de malversación y prevaricación".
