El teniente coronel telefoneó al fiscal jefe dos días antes del asesinato para pedir su mediación ante la preocupación de que el marido estuviera con la víctima, y la fiscal revisaba el caso cuando se cometió el crimen
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Verín estaba preocupada por el hecho de que Aniceto Rodríguez Caneiro tuviera acceso las 24 horas del día a su esposa, Isabel Fuentes Fernández, una vez que ingresó en la planta de Neurocirugía. Antes de que esto ocurriera, intentó evitarlo. Y solicitó a la jueza de Verín que estuviera en un lugar más vigilado dentro del recinto hospitalario mientras se recuperaba del fuerte golpe en la cabeza sufrido el día 2 de abril. Para ello, le puso encima de la mesa un atestado con seis indicios basados en las contradicciones de Rodríguez Caneiro y todos los datos que no concordaban con su versión de los hechos.
Esa petición no prosperó, por lo que los investigadores comunicaron la incidencia a su superior, el teniente coronel de la Comandancia de Ourense, Manuel Novo Colldefors. Este último telefoneó al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, a mediados de la pasada semana, para pedirle su mediación, ya que la ley también faculta al ministerio público para pedir una orden de protección si de oficio no la acuerda el propio juzgado, tal como ocurría en este caso.
Tras la llamada, dos días antes del asesinato, el propio fiscal jefe de Ourense tomó cartas en el asunto. "El teniente coronel, con el que despacho habitualmente, me trasmitió sus dudas sobre que la primera agresión se debiera un robo violento, inclinándose la investigación hacia un caso de violencia de género", confirmó Delgado Ayuso a este diario en el día de ayer. Al mismo tiempo, añade que la llamada no quedó en saco roto "pues nosotros ya estábamos actuando para revisar a fondo el tema y ver si procedía adoptar medidas".
El fiscal jefe mostró su preocupación por lo ocurrido, aclarando que los jueces, sobre todo en las villas, cuando autorizan o deniegan una diligencia reclamada por la Guardia Civil no siempre lo pasan a informe (pedir la opinión al fiscal adscrito al caso).
Por su parte, el presidente de la Audiencia de Ourense, Antonio Piña, volvió a reiterar ayer que "la Guardia Civil pudo haberlo detenido y no lo hizo, porque una cosa son los indicios y otra, meras sospechas".
Pero ¿por qué no detuvieron los investigadores a Aniceto Rodríguez Caneiro si sospechaban de él? La razón hay que buscarle en que los agentes no se vieron respaldados por la jueza instructora en sus resoluciones judiciales, reduciendo a "meras conjeturas y sospechas" la investigación policial en la que se detallaron las pesquisas que delataban al esposo de la fallecida. "Si los indicios presentados no le valieron para ordenar medidas de protección para la víctima y la intervención telefónica del sospechoso, menos aún le servirían para mandarlo a prisión en caso de una detención", aseguran fuentes próximas al caso.
La togada, en una resolución del 28 de abril, asegura que "estamos ante meras conjeturas que no indicios claros de la comisión del hecho (...). Conjeturas perfectamente rebatibles y que no van más allá de suposiciones del instructor de las diligencias". Más aún, conmina a la Guardia Civil a "seguir todas las líneas de investigación y no descartar que ciertamente terceras personas una o varias accedieran a la vivienda y golpearan a doña Isabel, tal como Aniceto refiere en sus manifestaciones".
Reacciones
Mientras, siguen las reacciones al asesinato de la verinense, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, cree que "no puede haber ningún rifirrafe entre Justicia y Guardia Civil, pues lo destacable es que hay una mujer fallecida". Apuesta por que todos los organismos implicados en la lucha contra la violencia de género estén "coordinados", al tiempo que aboga por "mejorar" procedimientos para que "no se pueda producir una situación semejante a esta".
La asociación judicial Foro Judicial Independiente (FJI) defendió la actuación de la juez de Verín en un comunicado falto de rigor. El colectivo afirma que, "según la información publicada, agentes de la Guardia Civil habrían solicitado verbalmente a la juez medidas cautelares e incluso la detención del sospechoso, pero esta no es una forma de proceder", aunque sí lo pidió, y por escrito. "Esta forma de actuar -añade- en modo alguno puede constituir base suficiente como para que un juez restrinja derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre la base únicamente de lo que un agente policial pueda haberle dicho en la privacidad de su despacho", lo cual "sería más propio de regímenes totalitarios y policiales".
El Foro Judicial Independiente explica que en un Estado democrático las fuerzas y cuerpos de seguridad "puede detener en cualquier momento a cualquier persona respecto de la que existan indicios racionales de haber cometido un crimen", así como adoptar medidas de vigilancia para la protección de una posible víctima, "y todo ello sin necesidad de pedir autorización previa al juez".
