El acusado, según sostiene el fiscal, pagó por un lote de joyas 1.300 euros cuando estaban valoradas en 15.000
El ministerio fiscal acusa a los dueños de tres negocios dedicados a la compra-venta de oro en la ciudad de un delito de receptación por supuestamente comprar joyas de procedencia ilícita.
En la petición de pena, la acusación pública no sólo reclama un año y seis meses de prisión y 18 meses multa, a razón de siete euros al día, sino que también pide el cierre definitivo de los establecimientos que regentan.
El fiscal sostiene que Dolores C.J. y José Ramón F.S. compraban joyas fuera del marco legalmente establecido y a sabiendas de su procedencia ilícita. Un hijo menor de ambos también fue juzgado por estos mismos hechos.
Una de las supuestas compras irregulares se produjo el 24 de mayo de 2014. Según dice le fiscal, José Ramón pagó 1.300 euros por joyas robadas cuatro días antes en un domicilio de la calle San Tomé. Según si legítimo propietario, el valor rondaba los 15.000 euros.
La operación, según sostiene el fiscal, no quedó registrada en los libros de compra del establecimiento y las cámaras de seguridad del local se apagaron para la ocasión.
Con respecto a Dolores, sostiene que compró en septiembre de 2012 en su propia casa joyas que habían sido robadas por parte del vendedor.
