El alcalde de Baltar y diputado provincial del PP, José Antonio Feijóo Alonso, se sentará en el banquillo de los acusados por un delito continuado de coacciones, en relación a la tensa precampaña de las elecciones municipales de 2011.
La representante del ministerio fiscal solicita una pena de 24 meses multa, con una cuota diaria de 15 euros, lo que viene a suponer cerca de 11.000 euros. La acusación pública considera que el regidor coaccionó en numerosas ocasiones a dos mujeres que iban en la candidatura del PSOE. A la cabeza de lista, María Esperanza García, dirigiéndose -dice la fiscal- el alcalde a su lugar de trabajo, en el centro de salud de Baltar, como a la número dos, María del Carmen González Colmenero, e incluso a su jefa, la farmacéutica Celsa Cortiñas, en cuyo negocio trabajaba como auxiliar, acción cuyo inicio circunscribe a l 17 de abril de hace dos años.
Menos generosa es la acusación particular que ejerce la propia farmacéutica y tres integrantes de la candidatura socialista, quienes en su día presentaron querella por estos hechos. La acusación particular imputa a Feijóo Alonso cuatro delitos de coacciones, otros tantos de amenazas y otro de malversación de caudales públicos, reclamando inicialmente un condena para el mandatario local de 24 años de cárcel, además de una pena de multa de un año y seis meses (50 euros al día) y la suspensión de empleo público durante tres años. En cuanto a la indemnización civil, solicita 30.000 euros para cada uno por los daños y perjuicios morales causados con las coacciones.
El acusado, por su parte, se siente -dice- muy contrariado por todo este asunto, que atribuye 'a una campaña difamatoria'. 'Todos los que me conocen no pueden entender cómo esto no fue archivado, porque saben que es imposible que yo hubiera hecho algo así, no tengo carácter para ello', aseguró ayer a este diario. Destaca de su talante 'las profundas convicciones democráticas' y presume de que 'ser el único alcalde de Galicia que consiguió aprobar todo por unanimidad en los plenos en la anterior etapa de gobierno', añade.
La denuncia que ha desembocado en el procesamiento del regidor parte de las supuestas coacciones que comenzó a recibir la titular de la farmacia, quien llegó a reconocer ante el juez instructor que el mandatario local la llamó a su domicilio particular el 17 de abril de 2011 para que disuadiera a su trabajadora de que no integrara la lista del PSOE en los comicios municipales. Un día después, la farmacéutica, según dijo, fue amenazada de nuevo para que cumpliera sus pretensiones o de lo contrario la denunciaría por incumplimiento de horario de apertura al público.
Hechos similares, a tenor de los que sostiene la fiscal, sufrió María del Carmen González y María Esperanza García. Esta última, según dice, fue coaccionada para que cambiara la lista del PSOE por la del PP.
La acusación popular incluye entre los amenazados a Justiniano González, también integrante de la candidatura y exconductor del transporte escolar. Este sostiene que el alcalde le dio a entender que le entregaría dinero si abandonaba la lista, además de brindarle ayuda a domicilio a un primo suyo gravemente enfermo.
Feijóo Alonso reconoce que sólo se limitó a invitar a Esperanza García, pero antes de fichar por el PSOE, a que le acompañara en las siglas del PP. Asimismo, agrega que delante de ella mostró su extrañeza cuando supo que iba en la lista de la oposición, pero sin ningún componente amenazador.
Menos generosa es la acusación particular que ejerce la propia farmacéutica y tres integrantes de la candidatura socialista, quienes en su día presentaron querella por estos hechos. La acusación particular imputa a Feijóo Alonso cuatro delitos de coacciones, otros tantos de amenazas y otro de malversación de caudales públicos, reclamando inicialmente un condena para el mandatario local de 24 años de cárcel, además de una pena de multa de un año y seis meses (50 euros al día) y la suspensión de empleo público durante tres años. En cuanto a la indemnización civil, solicita 30.000 euros para cada uno por los daños y perjuicios morales causados con las coacciones.
El acusado, por su parte, se siente -dice- muy contrariado por todo este asunto, que atribuye 'a una campaña difamatoria'. 'Todos los que me conocen no pueden entender cómo esto no fue archivado, porque saben que es imposible que yo hubiera hecho algo así, no tengo carácter para ello', aseguró ayer a este diario. Destaca de su talante 'las profundas convicciones democráticas' y presume de que 'ser el único alcalde de Galicia que consiguió aprobar todo por unanimidad en los plenos en la anterior etapa de gobierno', añade.
La denuncia que ha desembocado en el procesamiento del regidor parte de las supuestas coacciones que comenzó a recibir la titular de la farmacia, quien llegó a reconocer ante el juez instructor que el mandatario local la llamó a su domicilio particular el 17 de abril de 2011 para que disuadiera a su trabajadora de que no integrara la lista del PSOE en los comicios municipales. Un día después, la farmacéutica, según dijo, fue amenazada de nuevo para que cumpliera sus pretensiones o de lo contrario la denunciaría por incumplimiento de horario de apertura al público.
Hechos similares, a tenor de los que sostiene la fiscal, sufrió María del Carmen González y María Esperanza García. Esta última, según dice, fue coaccionada para que cambiara la lista del PSOE por la del PP.
La acusación popular incluye entre los amenazados a Justiniano González, también integrante de la candidatura y exconductor del transporte escolar. Este sostiene que el alcalde le dio a entender que le entregaría dinero si abandonaba la lista, además de brindarle ayuda a domicilio a un primo suyo gravemente enfermo.
Feijóo Alonso reconoce que sólo se limitó a invitar a Esperanza García, pero antes de fichar por el PSOE, a que le acompañara en las siglas del PP. Asimismo, agrega que delante de ella mostró su extrañeza cuando supo que iba en la lista de la oposición, pero sin ningún componente amenazador.
