La Fiscalía de Ourense ha presentado ya ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial su escrito de acusación en el procedimiento judicial contra el exalcalde de la ciudad Manuel Cabezas y su concejal de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador –ambos del PP–, por el denominado caso del 10%, el supuesto trato de favor del Concello de Ourense a promotores al no exigirles parte del suelo donde edificaban entre 1999 y 2003.
Cabezas y Campo Labrador se enfrentarán en el juicio a una petición del Ministerio Público de siete años de prisión y una inhabilitación para cualquier empleo y cargo público durante 17 años. Además, en concepto de responsabilidad Civil, le piden al exalcalde una indemnización al Concello de 1,57 millones de euros, cantidad que en el caso del que fuera concejal de Urbanismo se situaría en 1,195 millones.
La fiscal Carmen Eiró recoge estas peticiones después de que la jueza Eva Armesto instase a principios de octubre al Ministerio Público y a la acusación particular a que se pronunciasen tras concluir la instrucción del caso por los supuestos delitos de prevaricación y malversación agravada, ya que el erario se vio privado de 1,6 millones de euros con la aprobación de los expedientes urbanísticos aprobados sin que los promotores cediesen el 10% del presupuesto.
En lo que respecta a la acusación particular, la exedil de Urbanismo del PSOE Áurea Soto, no tiene listo su escrito, al estar todavía en fase de estudio de la documentación.
La decisión de la Fiscalía ha sido recibida en el entorno de Manuel Cabezas con cierta perplejidad "por el cambio de criterio" del Ministerio Público, ya que a principios de este año, el entonces fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado (suspendido 10 meses y multado con 2.500 euros tras una denuncia de Áurea Soto a raíz de su papel en este caso), no veía delito en la actuación del exalcalde de la ciudad, sosteniéndose este argumento, al igual que el de la defensa de los acusados, en que existe un acuerdo plenario de 1994, con el socialista Manuel Veiga Pombo, de no reclamar las cesiones urbanísticas con un informe favorable del secretario municipal, algo que se mantuvo hasta la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de 2003.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, Eiró recoge que en 1997 se aprobó una nueva Lei do Solo de Galicia que obligaba a realizar las cesiones a la administración y que "a sabiendas de la inaplicación del acuerdo aprobado en 1994, sin modificar el mismo pese a ser nulo de pleno derecho tras la promulgación de la Lei do Solo, aprovecharon sus cargos públicos por un ánimo de enriquecimiento injusto, con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados entre 1997 y 2002".
El caso del 10% también involucró a los ediles del PP como miembros de la junta de gobierno a Francisco Javier Rodríguez Novoa, José Luis Rodríguez, Belén Girón, Francisco Muñoz y Enrique Nóvoa. En los cuatro primeros, se dictó el sobreseimiento, sobre la actuación del quinto se consideró que los hechos habían prescrito.
