El gobierno aún no remitió el borrador de las cuentas a Intervención, como se acordó con la oposición
Los pasos iniciados por el gobierno municipal del PP en Ourense hace tres semanas para conseguir aprobar un nuevo presupuesto no terminan de ser firmes. Tras entregar el borrador a los grupos de la oposición y concertar una reunión para debatir el contenido que se celebró el viernes 19 de mayo, la negociación ni siquiera llegó a comenzar al exigir PSOE y Ourense en Común garantías de que la propuesta era viable, algo que los socialistas ya habían solicitado por boca de su portavoz, José Ángel Vázquez Barquero, en una comparecencia pública.
Por ese motivo, la edil de Facenda, Ana Fernández Morenza, se comprometió a trasladar al departamento de Intervención el borrador para que este lo analizase y emitiese un informe, aunque se desconoce todavía la fecha en la que puede estar listo, ya que según trasladaron distintas fuentes, Facenda todavía no había puesto el viernes a disposición del órgano fiscalizador el contenido de la propuesta, algo que no ha sentado bien el seno de la oposición, desde la que censuran la "falta de interés" de los populares por avanzar en la tramitación de las cuentas.
La resolución que adopte el interventor es fundamental para poder avanzar en una negociación que se aventura, por otro lado, complicada, a raíz de las posturas exhibidas por los diferentes portavoces municipales.
El líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, no dudó en calificar la propuesta del gobierno municipal como "un timo y un corta-pega"; Barquero dijo en su día que "esa non é a distribución que faríamos nós", mientras que Martiño Xosé Vázquez cuestionó el aumento en publicidad y propaganda, así como los recortes en áreas como Educación o Cultura.
Menos tareas para el área de intervención
La concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza, entregó a los grupos de la oposición una circular en la que pone en conocimiento de todos los servicios municipales que a partir del próximo jueves 1 de junio, el departamento de Intervención "dejará de realizar una serie de funciones denominadas impropias", según se establece en la legislación vigente.
En concreto, se trata de trabajo relativo a la confección de decretos en 12 materias, como la aprobación de anticipos de caja fija, entrega a cuenta de subvenciones, pagos fraccionados de ayudas o reconocimiento de obligaciones sin soporte en facturas.
Según se explica en el documento, a partir de esa fecha esa labor la desempeñarán los trabajadores que hagan los correspondientes informes sobre cada situación.
