La oposición en bloque consiguió ayer bloquear lo que consideran la “enésima cacicada” del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que en la reunión del consejo rector del Consello Municipal de Deportes intentó colar una factura de casi 60.000 euros troceada en tres partes, para sortear la ley y poder adjudicar a dedo la creación de una revista promocional.
La propia Intervención Municipal emitió un informe desfavorable al pago de dos de estas facturas emitidas. Los grupos de la oposición, con su voto en contra, obligaron a que el pago de estas facturas -y las otras que se presentaban para su aprobación, ya que las metió en el mismo lote- se frenase. Sin embargo, para que los proveedores del resto de facturas no se queden sin cobrar, acordaron votarlas en una próxima reunión por separado.
El BNG se congratuló de que la oposición “abortara” la “enésima cacicada” de Jácome, quien, “unha vez máis” intentó emplear el fraccionamiento de contratos para “dilapidar cartos públicos evitando o concurso e a concorrencia”.
A la reunión iban tres facturas relativas a un mismo concepto, una revista autopromocional sobre el deporte en el municipio, que, como aclara la formación capitaneada por Luis Seara, “nin tan sequera foi encargada e xestionada polo CMD”. El importe sin trocear ascendía a 59.375,01 euros y se dividía en tres facturas con proveedores diferentes pero el mismo concepto: “Impresión revista o Concello do deporte”. Las facturas por separado ascienden a 1.999,91, 14.991,9 y 14.383,27 euros.
Seara advirtió de que el fraccionamiento es “unha práctica moi habitual” del actual gobierno local, ya que también lo hizo con los contratos de Navidad o Samaín, “e moito nos tememos que este sexa o método para pagarlle á atleta de Baréin que participou na San Martiño de 2021”.
Por su parte, el PSOE acusó a Jácome de intentar “malgastar” casi 50.000 euros en los tres contratos a dedo para publicar “unha revista propagandística” pese al informe negativo del interventor. El edil Borja Trigás señaló que “non podemos ser cómplices da aprobación destas facturas, pois avalariamos un proceder irregular e afastado da legalidade”. De hecho, recalcan que el interventor apunta que “estamos en presenza dunha actuación administrativa que comporta unha xestión de fondos públicos en clara contravención das normas e principios da contratación administrativa” .
