Ahora qué? La previsible sanción a los cinco concejales díscolos de la ciudad, por parte de la ejecutiva federal socialista, es un golpe en la mesa contra unos rebeldes que pueden no haber incumplido el reglamento orgánico de funcionamiento de los cargos públicos ni tampoco los estatutos de su partido, pero que han faltado a sus obligaciones políticas como concejales con áreas de responsabilidad en el gobierno local.
Pero también deja el grupo municipal, que ya gobierna la tercera ciudad de Galicia en franca minoría, en una delicada situación, con casi la mitad de sus componentes muy lejos de la sintonía socialista municipal, justo cuando faltan sólo 16 meses para las elecciones municipales y hay que sacar adelante cuestiones tan complejas como un Plan de Urbanismo o unos presupuestos. Además, son cinco ediles que siguen sentados en sus escaños porque, como ellos ya han dicho, el acta de concejal les pertenece, y no van a abandonar.
En este momento, y a la espera de que Ferraz decida la situación orgánica de Susana Bayo, Alfonso Vilachá, Antonio Rodríguez Penín, María Devesa y Mónica Vázquez, todos ellos, menos Penín, mantendrán sus responsabilidades de gobierno; y las conservarán incluso si son suspendidos de militancia, siempre que se cumplan unos mínimos o máximos, según se mire; tendrían que volver a participar de las reuniones del grupo y de las convocatorias a las que le llame el alcalde. Mantendrán también las dedicaciones exclusivas, que cobran todos menos Vilachá (jubilado) y Vázquez (procuradora). Penín perdió la exclusividad cuando se quedó sin competencias, que no se le devolverán porque el alcalde, Agustín Fernández, no piensa, de momento, ceder en ese punto, con el que, dicen en la ejecutiva provincial, se solucionaría definitivamente el conflicto; aunque, claro, dejaría al regidor muy debilitado y, desde entonces, a merced de la voluntad de los críticos.
Las medidas disciplinarias que pueda adoptar Ferraz pasarán, previsiblemente, según las dos partes en conflicto, por una suspensión cautelar de militancia, como la que se aplicó al exalcalde, Francisco Rodríguez, tras ser detenido en la Operación Pokémon; suspendido sigue, por cierto.
EN EL GRUPO Y CON DISCIPLINA
La suspensión de los díscolos no les aparta necesariamente del grupo municipal socialista -tampoco ellos quisieran salir hacia el grupo de no adscritos porque, inmediatamente después, hasta la dirección provincial tendría que pedirles la devolución del acta y expulsarles de la formación-. Además, son veteranos militantes, con largo historial en el PSOE. Eso sí, en el Concello, donde cuentan que se mantengan bajo las siglas socialistas, sostienen que están sujetos a la disciplina de voto, como miembros que seguirán siendo del gobierno local; otra cosa son los avatares orgánicos.
Los críticos también pueden ser expedientados con multas o incluso con la expulsión del partido, algo esto último que se descarta por la repercusión que tendría en el gobierno de la ciudad. Los expulsados se irían al grupo de los no adscritos dejando un gobierno con un alcalde y cinco ediles afines; enfrente, en la Corporación, 21 concejales ejerciendo la oposición. Insostenible.
Desde luego, en el gobierno local o en las direcciones gallega, provincial y federal no se contemplan ni elecciones anticipadas, como pidió el BNG; ni gobierno de concentración, como propone el PP.
También está por ver si las medidas disciplinarias y la llamada a la unidad logran poner fin al conflicto, ahora que las discrepancias entre las direcciones provincial -que apoya a los díscolos- y gallega -que otorga su apoyo al regidor- son más públicas que nunca.
En este momento, y a la espera de que Ferraz decida la situación orgánica de Susana Bayo, Alfonso Vilachá, Antonio Rodríguez Penín, María Devesa y Mónica Vázquez, todos ellos, menos Penín, mantendrán sus responsabilidades de gobierno; y las conservarán incluso si son suspendidos de militancia, siempre que se cumplan unos mínimos o máximos, según se mire; tendrían que volver a participar de las reuniones del grupo y de las convocatorias a las que le llame el alcalde. Mantendrán también las dedicaciones exclusivas, que cobran todos menos Vilachá (jubilado) y Vázquez (procuradora). Penín perdió la exclusividad cuando se quedó sin competencias, que no se le devolverán porque el alcalde, Agustín Fernández, no piensa, de momento, ceder en ese punto, con el que, dicen en la ejecutiva provincial, se solucionaría definitivamente el conflicto; aunque, claro, dejaría al regidor muy debilitado y, desde entonces, a merced de la voluntad de los críticos.
Las medidas disciplinarias que pueda adoptar Ferraz pasarán, previsiblemente, según las dos partes en conflicto, por una suspensión cautelar de militancia, como la que se aplicó al exalcalde, Francisco Rodríguez, tras ser detenido en la Operación Pokémon; suspendido sigue, por cierto.
EN EL GRUPO Y CON DISCIPLINA
La suspensión de los díscolos no les aparta necesariamente del grupo municipal socialista -tampoco ellos quisieran salir hacia el grupo de no adscritos porque, inmediatamente después, hasta la dirección provincial tendría que pedirles la devolución del acta y expulsarles de la formación-. Además, son veteranos militantes, con largo historial en el PSOE. Eso sí, en el Concello, donde cuentan que se mantengan bajo las siglas socialistas, sostienen que están sujetos a la disciplina de voto, como miembros que seguirán siendo del gobierno local; otra cosa son los avatares orgánicos.
Los críticos también pueden ser expedientados con multas o incluso con la expulsión del partido, algo esto último que se descarta por la repercusión que tendría en el gobierno de la ciudad. Los expulsados se irían al grupo de los no adscritos dejando un gobierno con un alcalde y cinco ediles afines; enfrente, en la Corporación, 21 concejales ejerciendo la oposición. Insostenible.
Desde luego, en el gobierno local o en las direcciones gallega, provincial y federal no se contemplan ni elecciones anticipadas, como pidió el BNG; ni gobierno de concentración, como propone el PP.
También está por ver si las medidas disciplinarias y la llamada a la unidad logran poner fin al conflicto, ahora que las discrepancias entre las direcciones provincial -que apoya a los díscolos- y gallega -que otorga su apoyo al regidor- son más públicas que nunca.
