El escándalo salpica el Concello de Ourense, de nuevo, tras las polémicas palabras de un asesor del alcalde insinuando casos de pedofilia entre trabajadores del Concello de Ourense. Todos los grupos municipales y sindicatos instaron al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, a tomar decisiones, y cesar a Xosé Dorrío (el asesor) si este no denuncia y presenta las pruebas pertinentes sobre la existencia de pedofilia en la Casa Consistorial, algo que este soltó en sus redes sociales, negándose a presentar denuncia alguna.
Sí lo hizo ya Bautista Rodríguez, delegado del sindicato SPPME (Sindicato de Policías Locales), quien argumentando que es su “obligación” hacerlo tras conocer las acusaciones lanzadas por Dorrío, pues cualquier funcionario debe dar parte si hay sospechas de comisión de delitos.
Respuesta a la presión
Tras la presión desde varios frentes, Jácome instó ayer públicamente al asesor a denunciar formalmente las acusaciones vertidas, pero sin ceasrlo. Además, el regidor lo conminó a “prestar máxima colaboración con las autoridades” a este respecto, abriendo la puerta a una destitución futura: “Unha vez aclarado e solicitada máis información, tomaranse as medidas pertinentes”.
Xosé Antón Dorrío fue nombrado por Jácome hace justo un año, el 9 de noviembre de 2020, entre fuertes críticas del Colexio de Xornalistas, que pedía su cese por hacer funciones de comunicación sin ninguna formación al respecto.
No es esta la única decisión que anunció Jácome tras la polémica, ya que también abrió la puerta a rastrear todos los ordenadores en los que desempeñan sus labores los trabajadores municipales. Para ello, el alcalde dijo que solicitará al servicio informático “ la posibilidad de corroborar o rastrear posibles pruebas delictuosas así como la colaboración de ese servicio con las autoridades”.
Dorrío se negó a denunciar: "Non teño fe"
Fue la noche del pasado sábado cuando Dorrío publicó en sus redes sociales los siguientes tuits: “Pois para caprichitos, os caprichos pederastas dalgúns traballadores do Concello… Conmino a Policía e Guardia Civil a que busquen contidos pederastas en contas oficiais do Concello, que seguro que os atopan”, tras recordarle otro usuario que Democracia Ourensana había incluido en su candidatura de Castrelo de Miño en las últimas elecciones municipales a un condenado por tenencia y distribución de material pornográfico infantil.
Dorrío dijo, pasadas las horas, que no denunciaría, al considerar que no vale de nada, pese a tener conocimiento de posibles contenidos pederastas: “Non perdo o tempo niso, non teño moita fe. Non é a primera vez que denuncio algo e non pasada nada. Se queren investigar, que investiguen”.
Los partidos piden explicaciones al alcalde y advierten: “O denuncia o debe ser cesado”
Los palos a la situación creada por el asesor no tardaron en llegar. Y es que el comportamiento de Dorrío es fácilmente criticable. Si es cierto que hay trabajadores municipales manejando contenido pedófilo y él tenía indicios, debería haberlo puesto en conocimiento de las autoridades. Si insinuó eso en las redes solo por despecho a los funcionarios, la situación sería bastante grave y calumniosa. Digamos que para muchos está ya en un callejón sin salida. Empezó las críticas el BNG, que el domingo fue el primero en pedir que el asesor denunciase “de forma inmediata” si tenía pruebas de lo que decía.
El PP, socio de Jácome, recordó a Dorrío que “toda persona que contempla la comisión de un delito o que sin haberlo presenciado tiene conocimiento de él está obligada a poner esto en conocimiento de la autoridad, e incurriría en una infracción si no lo hiciera”. Los populares se explicaron a través de su portavoz, Flora Moure, quien añadió que están obligados a denunciar especialmente “los empleados y funcionarios públicos y los que conozcan la comisión de un delito por su cargo o profesión”. Por ello, “no debe pasar ni un minuto más” sin que Dorrío formule la pertinente denuncia por unos hechos que, de ser ciertos, serían “muy graves”, dijo Moure, que pidió que se aclare este asunto “de forma contundente y con todas las garantías legales, por el bien de la institución y la honorabilidad de sus miembros”.
Desde el PSOE, Rafael Villarino pidió actuaciones tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad, por existir una “acusación tan grave”, como del alcalde: “O que debería facer é realizar o cese inmediato do asesor se non se dan nomes e isto é un acto máis de degradación dos traballadores”. Así, Villarino tildó de “lamentable” la continua polémica en el Concello, un ente que “debería rexerse por actuacións institucionais, serias e fiables, e non degradantes cos funcionarios públicos”.
Por último, José Araújo, de Ciudadanos, aseguró que cualquier persona que tenga conocimiento de estas actitudes “debe ir á Policía a facer unha denuncia”, recordando que “Twitter non é o lugar para isto”.
El CSIF exige al asesor que se retracte ya y advierte de medidas legales
El CSIF, sindicato mayoritario, calificó de “graves” las acusaciones y exige saber “por qué no se han denunciado estos hechos ante la autoridad competente si son ciertos”. José Manuel Rodríguez, líder del CSIF, cree que las redes “no son el canal adecuado” y “se reserva” las medidas oportunas al tiempo que ha exigido al asesor que “se retracte” de sus acusaciones “en 24 horas” o exigirán su cese. Se preguntan qué tipo de acceso tiene el personal eventual a información personal de trabajadores, pues “suponen una clara vulneración de la Ley de Protección de Datos.
CCOO pide el cese de Dorrío y se manifestará por los “continuos ataques”
Comisiones Obreras lamentó que un asesor del alcalde trate como “pederastas o personas con trastornos sexuales” a los trabajadores del Concello, solicitó su cese y puso en conocimiento de su asesoría jurídica el caso. Asimismo, solicitaron al alcalde que traslade a Policía Nacional y Guardia Civil ese supuesto material pedófilo al que Dorrío aludió. CCOO, en desacuerdo con la Junta de Personal, solicitó también a la Subdelegación del Gobierno una concentación para el 3 de diciembre, “ante los continuos ataques del alcalde y sus asesores”.
La CIG califica al asesor del alcalde de “presunto delincuente”
Desde la CIG, Javier García Gago exigió el cese inmediato de Dorrío, al que tildó de “presunto delincuente”, ya que “no remoto caso de que sexa certo o que di, negándose a dar a identidade do afectado estaría a cometer un delito de encubrimento e, se é falso, sería un delito de calumnias”. Le recuerdan a Jácome que “debería cesar os seus propios eventuais en lugar de cesar aos da oposición”. Desde USO, Stella González lo tildó de “barbaridad” y “un ataque muy grave” a los trabajadores. “O va a la Justicia o que lo larguen, nos pone en entredicho a todos”.
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