Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense ha anulado la enajenación (venta) directa de una parcela municipal realizada por el Concello al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para la construcción de vivienda de promoción pública en el área de reparto 26-O (en la zona comprendida entre la glorieta de la avenida de Zamora y A Farixa).
La resolución, que el Concello prevé recurrir ante el Tribunal Superior de Xustiza, se basa en que la enajenación de la parcela no se produjo en las mismas condiciones que el concurso público que había realizado con anterioridad la institución local y que había quedado desierto.
Según se recoge en la sentencia, la ley deja abierta la posibilidad de que una administración pueda enajenar directamente sus bienes en el plazo máximo de un año desde que queda desierto el concurso público convocado para ese fin, pero entiende que 'se le impone a la Administración la obligación de respetar las condiciones originales, a fin de salvaguardar el interés público y evitar la desviación de poder que podría suponer una adjudicación por un precio inferior al originalmente fijado o en condiciones distintas'.
En este caso concreto, el concurso público que había convocado el Concello tenía como objetivo la enajenación de una parcela para construir viviendas de protección autonómica, aunque finalmente la adjudicación directa realizada tenía como objetivo construir viviendas de promoción pública.
La decisión judicial responde al recurso presentado por una empresa contra el acuerdo de la junta de gobierno local de 21 de junio de 2010 y contra la resolución de 30 de diciembre de 2008 del director general de Instituto Galego de Vivenda e Solo. El recurso fue estimado y declara nulo ambos acuerdos, en relación a la enajenación directa de la parcela municipal edificable ubicada en el área de reparto 26-O. Precisamente, este es uno de los ámbitos incluidos por la Xunta en la ordenación urbanística provisional. La intención del Concello es que, de confirmarse la sentencia en el Tribunal Superior de Xustiza, realizar de nuevo la enajenación, ya que se habría superado el año desde el concurso público.
Según se recoge en la sentencia, la ley deja abierta la posibilidad de que una administración pueda enajenar directamente sus bienes en el plazo máximo de un año desde que queda desierto el concurso público convocado para ese fin, pero entiende que 'se le impone a la Administración la obligación de respetar las condiciones originales, a fin de salvaguardar el interés público y evitar la desviación de poder que podría suponer una adjudicación por un precio inferior al originalmente fijado o en condiciones distintas'.
En este caso concreto, el concurso público que había convocado el Concello tenía como objetivo la enajenación de una parcela para construir viviendas de protección autonómica, aunque finalmente la adjudicación directa realizada tenía como objetivo construir viviendas de promoción pública.
La decisión judicial responde al recurso presentado por una empresa contra el acuerdo de la junta de gobierno local de 21 de junio de 2010 y contra la resolución de 30 de diciembre de 2008 del director general de Instituto Galego de Vivenda e Solo. El recurso fue estimado y declara nulo ambos acuerdos, en relación a la enajenación directa de la parcela municipal edificable ubicada en el área de reparto 26-O. Precisamente, este es uno de los ámbitos incluidos por la Xunta en la ordenación urbanística provisional. La intención del Concello es que, de confirmarse la sentencia en el Tribunal Superior de Xustiza, realizar de nuevo la enajenación, ya que se habría superado el año desde el concurso público.
