La presunta apropiación del dinero obtenido por el alquiler de dos inmuebles de una persona incapacitada -una vivienda en Madrid y el 50% de un bajo comercial en el casco antiguo de Ourense- enfrenta a una familia de la ciudad que, según uno de sus miembros, "hasta entonces nos llevábamos de maravilla". María Teresa T.R. y sus hijas Susana y Belén están acusadas de un delito de apropiación indebida y estafa en la querella presentada por una sobrina de la primera, aunque invoca los perjuicios de sus otros hermanos, uno de ellos interviene como abogado de la acusación particular. Reclama hasta 12 años de cárcel y multa de 24 meses a 10 euros diarios para las investigadas, pero la Fiscalía de Ourense solo acusa a la madre y pide penas muy inferiores, dos años de prisión y multa de siete meses a 10 euros al día.
También difieren en las indemnizaciones. La denunciante reclama 370 mil euros y la fiscal 57 mil (solo tiene en cuenta los rendimientos obtenidos entre 1996 y 2008, el periodo en el que Teresa T.R. ejerció de tutora de un hermano incapacitado por un retraso mental y que falleció hace 11 años).
La inculpada reconoció que administraba los bienes de su hermano pero explicó que hacía rendición de cuentas anuales ante el juzgado. No obstante, la fiscal le recordó que el Juzgado de Instancia 5 en enero de 2014 anuló la cuenta general de la tutela del incapaz porque no aparecían reflejados los rendimiento obtenidos por el alquiler de la casa de Madrid y el bajo comercial. Teresa trató de justificarse. Relató que el inquilino del piso dejó de pagar y tuvo que desahuciarlo y también aludió a que gastó "mucho dinero" con su hermano: "Su pensión solo era para pagar todo el año una plaza en una residencia, a donde iba cuando yo no podía estar en Ourense si iba a ver a mis hijas. Pero el niño (en alusión a su hermano) vivía conmigo, lo vestía, calzaba y llevaba al Liceo todos los días"·
La inculpada acabó reconociendo ante la sala de la Audiencia que la juzgó ayer que "fue un fallo grande no incluir las rentas" pero puntualizó que nunca tuvo la intención de ocultar el patrimonio de su hermano al resto de herederos. E insistió en que sus hijas no recibieron nunca dinero derivado de esos alquileres que no declaró.
Una de sus hijas aparece como arrendadora en el contrato del bajo de la ciudad porque, según explicó Teresa, ella no se encontraba en Ourense por motivos de salud en el momento en que apareció un interesado en ocupar el local. El contrato lo firmó Susana utilizando un poder notarial que le había dado su hermana Belén -esta vivía en Sudáfrica- para que la ayudara con los trámites del título universitario.
Las hijas negaron ser beneficiarias de las rentas así como que su progenitora intentara ocultar los bienes. "Si los herederos no lo sabían es porque no quisieron enterarse", aseguró Belén.
Esto último lo negó la prima que interpuso la querella, destacando que las cuentas eran opacas y que, a la muerte de su tío, Teresa les llegó a decir que estaban en deuda con ella por haberlo cuidado (ya recibía una remuneración por ese cometido). "Hubo que hacer un trabajo de investigación para sabe lo que había", aseguró.
