La Audiencia abre su periplo de juicios penales de este nuevo curso mañana, jueves, con un caso de tráfico de drogas en la ciudad, en un domicilio de la plaza de las Camelias, con cuatro acusados que se enfrentan a penas entre los siete y cinco años de prisión. La instrucción se remonta a 2007, cuando el Grupo de Estupefacientes de la Policía sometió a vigilancia el piso de la calle Camelias que compartían Fátima G. M. y José Luis G. V. ante las sospechas de que desde allí sus moradores se dedicaban al tráfico de drogas, tanto heroína como cocaína, a pequeña escala.
Las detenciones se desencadenaron el 29 de marzo de ese año. La policía ocupó a María Lourdes M. 50,061 gramos de cocaína. Según la fiscal del caso, fueron adquiridos por ella y su entonces compañero sentimental Adolfo Antonio L. C. para la venta a terceros a cambio de dinero. Hora y media después, arrestaron a Fátima G. y a su pareja cuando salían de la vivienda. A la mujer le fueron ocupados 1.295 euros, según la acusación, procedentes de la venta de droga. En el registro del piso, había 1.350 euros en billetes de 50, 20, 10 y 5 euros. Bajo la campana extractora de la cocina, la Policía halló una bolsa blanca con 5,1 gramos de resina de cannabis, cinco paquetes con heroína (38 gramos), 27 gramos de cocaína y una báscula. En las declaraciones en sede judicial, alegaron que era para su propio consumo.
El siguiente juicio será el día 26. Eloy V.M. está acusado de dos delitos de abusos sexuales con penetración a una discapacitada de Arnoia. La fiscal pide una condena de 16 años de prisión.
La Audiencia reservó para el primer jueves de octubre un procedimiento en el que Andrei A. (44 años) deberá responder de un delito contra los derechos de los extranjeros al considerar el ministerio público que engañó a ciudadanos moldavos ofreciéndoles la posibilidad de venir a España con el fin de trabajar o para recibir asistencia sanitaria gratuita.
CONTACTO POR INTERNET
Según establece el teniente fiscal en su escrito de calificación provisional, contactó con ciudadanos moldavos en el año 2011 a través de internet tentándolos a asentarse en España y legalizar su situación a cambio de dinero. Así, sostiene que con esta picaresca atrajo a Olga A. y a su familia para que su hijo recibiera tratamiento médico, tramitación por la que tuvo que ingresar 4.480 euros en distintos pagos. Además, añade el fiscal, 'aprovechaba la situación irregular de los mismos para exigirles determinadas cantidades de dinero por la realización de sencillos trámites de carácter administrativos o gestiones de alquiler de pisos o para obtener una tarjeta de atención sanitaria'.
El ministerio público, que reclama seis años y cuatro meses de cárcel para el inculpado, afirma que éste, una vez que los moldavos llegaban a España, los abandonaba a su suerte a sabiendas de que carecían de trabajo y medios para mantenerse.
Otra de las víctimas fue Irina M., a quien, según el fiscal, dijo que le conseguiría trabajo en España, además de asistencia sanitaria para una hija pequeña que se encontraba enferma.
El siguiente juicio será el día 26. Eloy V.M. está acusado de dos delitos de abusos sexuales con penetración a una discapacitada de Arnoia. La fiscal pide una condena de 16 años de prisión.
La Audiencia reservó para el primer jueves de octubre un procedimiento en el que Andrei A. (44 años) deberá responder de un delito contra los derechos de los extranjeros al considerar el ministerio público que engañó a ciudadanos moldavos ofreciéndoles la posibilidad de venir a España con el fin de trabajar o para recibir asistencia sanitaria gratuita.
CONTACTO POR INTERNET
Según establece el teniente fiscal en su escrito de calificación provisional, contactó con ciudadanos moldavos en el año 2011 a través de internet tentándolos a asentarse en España y legalizar su situación a cambio de dinero. Así, sostiene que con esta picaresca atrajo a Olga A. y a su familia para que su hijo recibiera tratamiento médico, tramitación por la que tuvo que ingresar 4.480 euros en distintos pagos. Además, añade el fiscal, 'aprovechaba la situación irregular de los mismos para exigirles determinadas cantidades de dinero por la realización de sencillos trámites de carácter administrativos o gestiones de alquiler de pisos o para obtener una tarjeta de atención sanitaria'.
El ministerio público, que reclama seis años y cuatro meses de cárcel para el inculpado, afirma que éste, una vez que los moldavos llegaban a España, los abandonaba a su suerte a sabiendas de que carecían de trabajo y medios para mantenerse.
Otra de las víctimas fue Irina M., a quien, según el fiscal, dijo que le conseguiría trabajo en España, además de asistencia sanitaria para una hija pequeña que se encontraba enferma.
