El alcalde, Agustín Fernández, está incluido entre los imputados que deberán explicar el procedimiento para reformar la calle Bedoya
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Antonio Piña, notificó ayer el auto de imputación a los ocho ediles que integraban la junta de gobierno del bipartito en septiembre de 2008 cuando ese órgano optó por un procedimiento negociado sin publicidad y urgente (un procedimiento que contempla la ley para determinados casos) para la urbanización y humanización de la calle Bedoya.
Entre las personas que serán llamadas a declarar por posible prevaricación administrativa, a raíz de la investigación iniciada por el magistrado tras la denuncia de Democracia Ourensana, figura el actual alcalde de la ciudad, Agustín Fernández, quien hace cinco años formaba parte de la junta de gobierno como edil de Economía. Pero será el entonces mandatario local, Francisco Rodríguez (dimitió a raíz de su imputación en la operación Pokemon), el primero en declarar por las obras de Bedoya el día 26 . Ese mismo día, comparecerán también la edil de Urbanimo, Áurea Soto, y el exteniente alcalde del BNG, Alenxandre Sánchez Vidal, hoy retirado de la política activa.
Al día siguiente, le toca el turno al regidor, Agustín Fernández, el exconcejal Demetrio Espinosa y la concejala de Servicios Sociales, Marga Martín, quien ya figura como imputada en otro delito de prevaricación con el mismo juez por la gestión del servicio de ayuda a domicilio. Otras dos exconcejalas del bipartito deberán comparecer el día 28: Isabel Pérez y Marta Arribas.
Los dos imputados que ya prestaron declaración por este asunto, Andrés García Mata y Luis Tros de Illarduya, deben volver a prestar declaración por otros dos delitos - fraudes y exacciones ilegales- el 2 de abril. La mesa de contratación estaba presidida por el exteniente de alcalde del BNG, García Mata, entonces concejal de Infraestructuras, actuando el jefe de la asesoría jurídica como vocal en la mesa de licitación .
La junta de gobierno reunida el 6 de septiembre de 2008 aprobó por unanimidad el pliego de licitación presentado por la Concejalía de Infraestructura después de que García Mata supuestamente informase sobre el importe de la obra que salía a licitación y del procedimiento negociado sin publicidad y urgente que se adoptaba, según recoge el auto. El visto bueno de la junta de gobierno -añade- comporta "indicios racionales de criminalidad contra los integrantes de la misma al aprobar una resolución que vulneraba la legalidad". En el expediente que se elevó a la aprobación de la junta de gobierno, según el togado, no figuraban informes que avalasen la legalidad del pliego (informe jurídicos y de la intervención).
La obra de Bedoya, que se financió con una subvención de la Consellería de Industria, ascendía a 623.009 euros lo que, según el juez, "la hacía impropia para poder ser tramitada por el procedimiento elegido". Argumenta el juez que sí cabía un procedimiento negociado por el importe de la obra (no rebasa el millón de euros) pero sí exigía publicidad -publicación de anuncios- porque excedía los 200.000 euros. Para ello bastaba -agrega- con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o la publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación.
El hecho de que fuera una obra urgente para no perder un subvención de Industria no justifica, según el juez, la ausencia de publicidad. "El carácter urgente afecta a la reducción de plazos y no suprime el requisito de publicidad", argumenta.
Por su parte, el interventor, Gonzalo Alonso, y el propio Tros aseguraron cuando declararon ante el juez (el primero como testigo) que comunicaron a García Mata, en una reunión previa a la redacción de los pliegos, lo que este último niega: la ilegalidad del procedimiento al imputarse el retraso a actos propios del órgano contratador.
