En los próximos meses, la Audiencia de Ourense deberá constituir tribunales populares para juzgar tres delitos de sangre. El primero será para emitir veredicto sobre el crimen de Albarellos. Después vendrán O Rodicio y Ribadavia.
Dictada la culpabilidad de Antonio Gali Balaguer en el asesinato de Aurora da Cunha en Maside, en noviembre de 2005, por un jurado popular, nuevamente ésta figura procesal resolverá en crímenes cometidos en Ourense en los últimos años. En los primeros meses de 2010, el tribunal del jurado, válido en el ordenamiento jurídico español desde el año 1995, deberá emitir veredicto en relación a la imputación de Sergio González Fernández, de 43 años de edad y natural de Albarellos (Monterrei), en la muerte de Gregorio F.R., vecino octogenario fallecido el 25 de septiembre de 2006 como consecuencia de cortes letales causados con unas tijeras de podar.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio, tras introducir como eximente el retraso mental moderado que experimenta Sergio González, quien antes de la muerte de su vecino, según confesó a la Guardia Civil, había estado ingresado en un centro para enfermos mentales. El alcalde de Monterrei, en su momento, señaló que durante un tiempo entraba en el Concello solicitando entrevistarse con José María Aznar a fin de pedirle un préstamo para levantar una casa. La limitación de sus capacidades intelectuales no lo incapacitan para distinguir el bien del mal, según el fiscal.
David Ferrón Rodríguez, de 48 años, deberá también someterse al jurado popular. La víctima que el fiscal carga sobre sus espaldas, Francelina R.A., tenía 39 años cuando denunciaron su desaparición el 6 de abril de 2007. El día 28 de ese mes se producía un tétrico hallazgo dentro de un bidón, en el entorno de un parque eólico de O Rodicio (Xunqueira de Espadañedo). Un hombre que paseaba por el lugar con su perro, advirtió que dentro del cubículo había un cráneo, varias vértebras, un fémur y numerosas costillas. Todo carbonizado. Las pesquisas duraron meses, pero el 2 de septiembre se detuvo a David Ferrón, residente en Santa Mariña de Albán. Durante su declaración, según fuentes policiales, negó ser el autor de la muerte de la mujer, si bien admitió haber trasladado su cuerpo desde una cuneta en O Pino, hasta las inmediaciones del parque eólico, y una vez allí prenderle fuego. La fiscal le imputa un delito de homicidio por el que reclama 14 años de prisión.
Sospechoso de parricidio
A lo largo del mes de diciembre, Luis Gómez, de 42 años de edad, comparecerá en el Juzgado de Ribadavia para conocer los hechos y el delito que se le imputa, en tanto que principal sospechoso de la muerte de su padre, Camilo G.P., de 77 años, el 7 de junio de 2008.
En su día, tras su detención en el barrio de Covadonga de Ourense, declaró ante el juez de instrucción que no se acordaba de nada porque estaba drogado. Antes de ser localizado, había ingresado el mismo día del crimen en el Complexo Hospitalario de Ourense con una sobredosis. Su padre, supuestamente había fallecido por causa de la asfixia que le provocó un corte que tenía en el cuello.
EL ANTECEDENTE DE LA PLAZA DO TRIGO
Lágrimas y absolución de Wahrani Abdul
El 20 de febrero de 2006, Miguel Ángel González Ferreira, alias el Guindas fallecía en la intersección de las plazas do Trigo y de la Magdalena, víctima de una cuchillada fulminante. La Audiencia provincial acogió el 20 de noviembre de 2007 el juicio, con jurado popular, contra el presunto responsable de su muerte, Wahrani Abdul Majel, de nacionalidad argelina. El fiscal y la acusación particular pedían para el 12 años por homicidio. Según el acusado, que rompió a llorar en varias ocasiones, la víctima le había sacado un cuchillo, y en medio de una pelea, Miguel Ángel González se cayó y se lo clavó. El jurado, que lo declararía no culpable, no creyó esta versión, aunque consideró que no quedaba probado que el acusado tuviera intención de matar a la víctima ni que portase el cuchillo. Para ellos, la mayoría de las declaraciones de los policías locales no eran creíbles, como tampoco eran fiables los testimonios de dos testigos presenciales de los hechos.
LA MUERTE DE SU SUEGRO
Condena de 17 años por el crimen de Godás
Claudio Riós Rodríguez fue condenado a 17 años de prisión por la muerte a disparos de su suegro el 26 de marzo de 1997, a la salida de la localidad de Godás, en O Carballiño. Él siempre se declaró culpable, alegando que un ciudadano alemán había sido el autor de dos disparos -uno alcanzó a la víctima por la espalda- y que después lo secuestró. El jurado popular no lo creyó. La sentencia fijó también una indemnización de 127.000 euros a la familia, que para poder ser saldada, llevó a que la Audiencia subastase un lote con 53 inmuebles cuya titularidad recaía en Claudio Ríos.
EL VEREDICTO MÁS DURO
Culpables por la muerte a tiros de Cualedro
El 27 de febrero de 2004, un jurado dictó veredicto de culpabilidad contra Manuel García Nieto, alias el Segoviano, y Roberto Ferreiro Augusto, por la muerte del joven Miguel Nieto el 9 de agosto de 2001, acribillado a balazos en Cualedro. Las condenas dictadas por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas fueron de 24 y 23 años respectivamente. El veredicto había estimado probado que los acusados tenían diferencias con la víctima y que actuaron con un plan preconcebido. Posteriormente, la sentencia dio lugar a una maraña de recursos que llevó al Supremo a obligar a motivar y fundamentar jurídicamente la sentencia del crimen por considerar que la magistrada presidenta del jurado se había limitado a reproducir el veredicto.
El Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 12 años de prisión por el delito de homicidio, tras introducir como eximente el retraso mental moderado que experimenta Sergio González, quien antes de la muerte de su vecino, según confesó a la Guardia Civil, había estado ingresado en un centro para enfermos mentales. El alcalde de Monterrei, en su momento, señaló que durante un tiempo entraba en el Concello solicitando entrevistarse con José María Aznar a fin de pedirle un préstamo para levantar una casa. La limitación de sus capacidades intelectuales no lo incapacitan para distinguir el bien del mal, según el fiscal.
David Ferrón Rodríguez, de 48 años, deberá también someterse al jurado popular. La víctima que el fiscal carga sobre sus espaldas, Francelina R.A., tenía 39 años cuando denunciaron su desaparición el 6 de abril de 2007. El día 28 de ese mes se producía un tétrico hallazgo dentro de un bidón, en el entorno de un parque eólico de O Rodicio (Xunqueira de Espadañedo). Un hombre que paseaba por el lugar con su perro, advirtió que dentro del cubículo había un cráneo, varias vértebras, un fémur y numerosas costillas. Todo carbonizado. Las pesquisas duraron meses, pero el 2 de septiembre se detuvo a David Ferrón, residente en Santa Mariña de Albán. Durante su declaración, según fuentes policiales, negó ser el autor de la muerte de la mujer, si bien admitió haber trasladado su cuerpo desde una cuneta en O Pino, hasta las inmediaciones del parque eólico, y una vez allí prenderle fuego. La fiscal le imputa un delito de homicidio por el que reclama 14 años de prisión.
Sospechoso de parricidio
A lo largo del mes de diciembre, Luis Gómez, de 42 años de edad, comparecerá en el Juzgado de Ribadavia para conocer los hechos y el delito que se le imputa, en tanto que principal sospechoso de la muerte de su padre, Camilo G.P., de 77 años, el 7 de junio de 2008.
En su día, tras su detención en el barrio de Covadonga de Ourense, declaró ante el juez de instrucción que no se acordaba de nada porque estaba drogado. Antes de ser localizado, había ingresado el mismo día del crimen en el Complexo Hospitalario de Ourense con una sobredosis. Su padre, supuestamente había fallecido por causa de la asfixia que le provocó un corte que tenía en el cuello.
EL ANTECEDENTE DE LA PLAZA DO TRIGO
Lágrimas y absolución de Wahrani Abdul
El 20 de febrero de 2006, Miguel Ángel González Ferreira, alias el Guindas fallecía en la intersección de las plazas do Trigo y de la Magdalena, víctima de una cuchillada fulminante. La Audiencia provincial acogió el 20 de noviembre de 2007 el juicio, con jurado popular, contra el presunto responsable de su muerte, Wahrani Abdul Majel, de nacionalidad argelina. El fiscal y la acusación particular pedían para el 12 años por homicidio. Según el acusado, que rompió a llorar en varias ocasiones, la víctima le había sacado un cuchillo, y en medio de una pelea, Miguel Ángel González se cayó y se lo clavó. El jurado, que lo declararía no culpable, no creyó esta versión, aunque consideró que no quedaba probado que el acusado tuviera intención de matar a la víctima ni que portase el cuchillo. Para ellos, la mayoría de las declaraciones de los policías locales no eran creíbles, como tampoco eran fiables los testimonios de dos testigos presenciales de los hechos.
LA MUERTE DE SU SUEGRO
Condena de 17 años por el crimen de Godás
Claudio Riós Rodríguez fue condenado a 17 años de prisión por la muerte a disparos de su suegro el 26 de marzo de 1997, a la salida de la localidad de Godás, en O Carballiño. Él siempre se declaró culpable, alegando que un ciudadano alemán había sido el autor de dos disparos -uno alcanzó a la víctima por la espalda- y que después lo secuestró. El jurado popular no lo creyó. La sentencia fijó también una indemnización de 127.000 euros a la familia, que para poder ser saldada, llevó a que la Audiencia subastase un lote con 53 inmuebles cuya titularidad recaía en Claudio Ríos.
EL VEREDICTO MÁS DURO
Culpables por la muerte a tiros de Cualedro
El 27 de febrero de 2004, un jurado dictó veredicto de culpabilidad contra Manuel García Nieto, alias el Segoviano, y Roberto Ferreiro Augusto, por la muerte del joven Miguel Nieto el 9 de agosto de 2001, acribillado a balazos en Cualedro. Las condenas dictadas por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas fueron de 24 y 23 años respectivamente. El veredicto había estimado probado que los acusados tenían diferencias con la víctima y que actuaron con un plan preconcebido. Posteriormente, la sentencia dio lugar a una maraña de recursos que llevó al Supremo a obligar a motivar y fundamentar jurídicamente la sentencia del crimen por considerar que la magistrada presidenta del jurado se había limitado a reproducir el veredicto.
