El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 no ve razones para impedir al Concello de Ourense seguir utilizando los 62 millones liberados a través de una modificación presupuestaria el pasado verano, una operación recurrida por el grupo municipal del PSOE al entender que se había vulnerado el derecho a realizar alegaciones y sobre la que habían solicitado medidas cautelares hasta que se resolviese el fondo del asunto, algo por lo que habrá aún que esperar.
El magistrado José Andrés Verdeja no estima la solicitud de los socialistas, que argumentaban, entre otras cosas, en su petición que “si no se adoptaba una cautelar, no se podrían revertir los actos de gasto”. Para el juez, que califica de “parca” la petición del PSOE, esto no es una razón de peso y entiende que “aunque es cierto que los actos de gasto no podrían ser, en principio, revertidos, sucede con todos los que se realizan durante la gestión ordinaria de un Ayuntamiento”, añadiendo que los desembolsos se fiscalizarán por los órganos competentes.
Además, Verdeja sostiene que, de aplicar la cautelar, “lo único que supondría es una auténtica parálisis de la actividad municipal”, haciendo suyo también uno de los argumentos del Concello para pedir que no se adoptasen medidas al exponer que “se dejaría de atender el pago de deudas contraídas y supondría malgastar el dinero de los ciudadanos por el abono de intereses”.
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, expresó su satisfacción tras conocer el auto, que calificó de “demoledor”.
