El suyo ha sido un largo recorrido, no sólo por la carrera judicial, sino también por la geografía española. De su Ribadavia natal partió hacia Santiago, donde se licenció en Derecho. Su siguiente parada fue Andalucía y, una vez ascendió a magistrado, le trasladaron a Barcelona, donde no estuvo mucho tiempo porque 'en cuanto pude pedí el traslado a Vigo'. Por último, hizo las maletas rumbo al Consejo General del Poder Judicial, donde hoy es secretario. Sin embargo, Ourense 'sigue siendo, por encima de todo, mi tierra'.
¿Cómo hemos llegado al punto de que la justicia ocupe cada vez más minutos de telediario?
Me parece que el problema no radica en la atención que la justicia suscite por sí misma, sino por los asuntos que acaban depositados ante los tribunales con mayor actualidad cada día.
Parece que los casos de corrupción afloran más y ni la Casa Real es ajena a ellos. En concreto el caso Urdangarín, ¿ha ayudado a superar alguna barrera?
Con independencia de las personas implicadas, hace mucho tiempo que la barrera de atención mediática se superó. Recientemente hemos celebrado en Ourense las jornadas de prensa y derecho y uno de los temas abordados fue el de los juicios paralelos, que viene suscitando interés desde hace tiempo. No creo que este caso pueda definirse como especial en términos de una superación de una barrera de relevancia social o mediática. Afortunadamente, hace tiempo que los medios de comunicación os hacéis eco de este tipo de asuntos y eso es bueno porque supone una apertura de la justicia a la sociedad y un ejercicio muy sano de transparencia, siempre que se lleve a cabo con el respeto de todos los derechos fundamentales, en especial la presunción de inocencia.
Sin embargo hay quien critica que si no fuese por la crisis, todos estos casos no estarían siendo juzgados.
Tal vez mucha gente afectada por la crisis preste una atención mayor a los asuntos donde sea fundamental un componente económico. Pero en otras épocas anteriores, muchos otros casos han sido objeto de un seguimiento muy intenso por parte de la sociedad y la divulgación informativa. No sólo en España.
¿Qué papel juega el CGPJ en la sociedad?
Desgraciadamente, es un órgano poco conocido y existe cierta confusión sobre la estructura institucional de la justicia. Dentro de la responsabilidad del Consejo está el darse a conocer más y con más precisión. El CGPJ nace con la Constitución de 1978 y sigue el modelo ya existente en otros países europeos, particularmente, el italiano. El objetivo era sustraer al poder ejecutivo el ejercicio de una serie de competencias de gobierno de los jueces para llevar a su máximo desarrollo la teoría de la división de poderes. Ya que los jueces son independientes, hay decisiones que les afectaban que, en manos del Gobierno, sea cual sea el partido político que lo sustente, se percibían como una forma indirecta de afectar a su función. Para evitarlo, se creó el Consejo. La Constitución le encarga la inspección de los juzgados, la facultad disciplinaria sobre los jueces y los nombramientos en la carrera judicial, entre otras. Sí debe quedar claro que no se entromete jamás, ni puede hacerlo, en la aplicación del derecho, los jueces son independientes a la hora de juzgar.
Sin embargo, con la reciente reforma propuesta por el ministro, parece que hay voces que acusan una cierta politización.
Desgraciadamente, el calificativo no es nuevo, hace tiempo que se habla de ello. Cuando la constitución crea el Consejo se diseña un sistema de elección de sus miembros que correspondía a la carrera judicial en exclusiva. Luego se modificó en el año 1985 y pasaron a ser designados todos sus miembros por el Parlamento, que siempre se identifica con los partidos políticos. Ahí radicó la calificación del Consejo como un órgano politizado. Es una institución política si como tal entendemos un órgano de gobierno, pero de ninguna manera puede depender de los partidos políticos.
Como profesional de la justicia, más de una vez habrá tenido que defenderse del comentario tan extendido de que no todos somos iguales ante la justicia.
Defenderme no es la palabra, pero sí he tenido que contestar a esa percepción ciudadana. En alguna ocasión me han dicho que el principio de igualdad ante la ley no se sigue a raja tabla. Yo, como juez, en los años en que he ejercido la jurisdicción en servicio activo, sí puedo garantizarle que he intentado llevar a sus últimas consecuencias el principio de igualdad y estoy absolutamente convencido de que todos los jueces que ejercen en España lo hacen. Estamos sometidos exclusivamente al imperio de la ley, que es quien determina la razón en un juzgado. Ese es el trabajo que los jueces, no me cabe la menor duda, llevan a cabo en su labor diaria, muchas veces también desconocida, callada y discreta, con un esfuerzo y dedicación encomiables. Lamento que la sociedad pueda ver en algunas ocasiones el principio de igualdad ante la ley como un principio débil pero yo le garantizo que es una auténtica fortaleza.
Una de las propuestas del Consejo más comentadas fue la unificación de los partidos judiciales. Como ourensano, ¿qué opinión le merece?
Aquello fue simplemente un borrador de un estudio para comenzar a reflexionar acerca de la distribución territorial de la justicia en la España actual. Los partidos judiciales tienen un origen muy antiguo, pero la sociedad ha evolucionado mucho, así como los medios de comunicación, las infraestructuras y la actividad económica. Con el tiempo, se ha llegado a la conclusión de que sería bueno estudiar si la distribución territorial del mapa judicial merecía una modificación. Sobre esta idea nació este estudio preliminar, que luego se puso en conocimiento de todos los tribunales superiores de justicia y no ha avanzado más. No puede nadie pensar que aquel estudio tuviese por finalidad la supresión de juzgados o partidos judiciales. De ninguna manera debe alarmar trasladando la creencia de que, de la noche a la mañana, el Consejo pretende la eliminación de un partido judicial.
Me parece que el problema no radica en la atención que la justicia suscite por sí misma, sino por los asuntos que acaban depositados ante los tribunales con mayor actualidad cada día.
Parece que los casos de corrupción afloran más y ni la Casa Real es ajena a ellos. En concreto el caso Urdangarín, ¿ha ayudado a superar alguna barrera?
Con independencia de las personas implicadas, hace mucho tiempo que la barrera de atención mediática se superó. Recientemente hemos celebrado en Ourense las jornadas de prensa y derecho y uno de los temas abordados fue el de los juicios paralelos, que viene suscitando interés desde hace tiempo. No creo que este caso pueda definirse como especial en términos de una superación de una barrera de relevancia social o mediática. Afortunadamente, hace tiempo que los medios de comunicación os hacéis eco de este tipo de asuntos y eso es bueno porque supone una apertura de la justicia a la sociedad y un ejercicio muy sano de transparencia, siempre que se lleve a cabo con el respeto de todos los derechos fundamentales, en especial la presunción de inocencia.
Sin embargo hay quien critica que si no fuese por la crisis, todos estos casos no estarían siendo juzgados.
Tal vez mucha gente afectada por la crisis preste una atención mayor a los asuntos donde sea fundamental un componente económico. Pero en otras épocas anteriores, muchos otros casos han sido objeto de un seguimiento muy intenso por parte de la sociedad y la divulgación informativa. No sólo en España.
¿Qué papel juega el CGPJ en la sociedad?
Desgraciadamente, es un órgano poco conocido y existe cierta confusión sobre la estructura institucional de la justicia. Dentro de la responsabilidad del Consejo está el darse a conocer más y con más precisión. El CGPJ nace con la Constitución de 1978 y sigue el modelo ya existente en otros países europeos, particularmente, el italiano. El objetivo era sustraer al poder ejecutivo el ejercicio de una serie de competencias de gobierno de los jueces para llevar a su máximo desarrollo la teoría de la división de poderes. Ya que los jueces son independientes, hay decisiones que les afectaban que, en manos del Gobierno, sea cual sea el partido político que lo sustente, se percibían como una forma indirecta de afectar a su función. Para evitarlo, se creó el Consejo. La Constitución le encarga la inspección de los juzgados, la facultad disciplinaria sobre los jueces y los nombramientos en la carrera judicial, entre otras. Sí debe quedar claro que no se entromete jamás, ni puede hacerlo, en la aplicación del derecho, los jueces son independientes a la hora de juzgar.
Sin embargo, con la reciente reforma propuesta por el ministro, parece que hay voces que acusan una cierta politización.
Desgraciadamente, el calificativo no es nuevo, hace tiempo que se habla de ello. Cuando la constitución crea el Consejo se diseña un sistema de elección de sus miembros que correspondía a la carrera judicial en exclusiva. Luego se modificó en el año 1985 y pasaron a ser designados todos sus miembros por el Parlamento, que siempre se identifica con los partidos políticos. Ahí radicó la calificación del Consejo como un órgano politizado. Es una institución política si como tal entendemos un órgano de gobierno, pero de ninguna manera puede depender de los partidos políticos.
Como profesional de la justicia, más de una vez habrá tenido que defenderse del comentario tan extendido de que no todos somos iguales ante la justicia.
Defenderme no es la palabra, pero sí he tenido que contestar a esa percepción ciudadana. En alguna ocasión me han dicho que el principio de igualdad ante la ley no se sigue a raja tabla. Yo, como juez, en los años en que he ejercido la jurisdicción en servicio activo, sí puedo garantizarle que he intentado llevar a sus últimas consecuencias el principio de igualdad y estoy absolutamente convencido de que todos los jueces que ejercen en España lo hacen. Estamos sometidos exclusivamente al imperio de la ley, que es quien determina la razón en un juzgado. Ese es el trabajo que los jueces, no me cabe la menor duda, llevan a cabo en su labor diaria, muchas veces también desconocida, callada y discreta, con un esfuerzo y dedicación encomiables. Lamento que la sociedad pueda ver en algunas ocasiones el principio de igualdad ante la ley como un principio débil pero yo le garantizo que es una auténtica fortaleza.
Una de las propuestas del Consejo más comentadas fue la unificación de los partidos judiciales. Como ourensano, ¿qué opinión le merece?
Aquello fue simplemente un borrador de un estudio para comenzar a reflexionar acerca de la distribución territorial de la justicia en la España actual. Los partidos judiciales tienen un origen muy antiguo, pero la sociedad ha evolucionado mucho, así como los medios de comunicación, las infraestructuras y la actividad económica. Con el tiempo, se ha llegado a la conclusión de que sería bueno estudiar si la distribución territorial del mapa judicial merecía una modificación. Sobre esta idea nació este estudio preliminar, que luego se puso en conocimiento de todos los tribunales superiores de justicia y no ha avanzado más. No puede nadie pensar que aquel estudio tuviese por finalidad la supresión de juzgados o partidos judiciales. De ninguna manera debe alarmar trasladando la creencia de que, de la noche a la mañana, el Consejo pretende la eliminación de un partido judicial.
