Los juzgados de lo Penal número 1 y 2 de Ourense abordan una media de nueve casos de violencia doméstica cada semana. Sólo ayer sentaron en el banquillo a tres presuntos maltratadores, dos de ellos por agredir a sus compañeras y el tercero por amenazar con matarla. Cada año, según los datos que maneja la Fiscalía, entran en el Pazo de Xustiza más de 500 denuncias por malos tratos. La última, ayer después de que la Policía Local detuviera a un vecino de la ciudad por, presuntamente, pegar a su pareja.
La violencia doméstica ocupa la mayor parte de la actividad en el Pazo de Xustiza. Los juzgados de lo Penal número 1 y 2 enjuician una media de nueve casos cada semana. Sólo ayer se sentaron en el banquillo tres presuntos maltratadores, dos de ellos por pegar a sus compañeras sentimentales y el otro por amenazarla de muerte por teléfono.
Los dos juzgados suelen fijar las vistas los martes, miércoles y jueves y ante sus puertas se agolpan agresores y víctimas, acompañados de testigos y familiares, que en la mayoría de los casos ni se cruzan la mirada. El pasado martes se sentaron en el banquillo cuatro presuntos maltratadores, dos ellos por delitos de lesiones a sus parejas y los otros por quebrantamiento de órdenes de alejamiento. El miércoles pasaron por las instalaciones otros tres, uno de ellos por obligara su pareja a prostituirse en la calle, además de pegarle. Cada año se registran una media de 500 denuncias relacionados con malos tratos en el ámbito doméstico, explicó el fiscal responsables de los casos de violencia doméstica en Ourense, Julián Pardinas.
Según los datos de la Fiscalía, las mujeres cada vez denuncian más y la mayoría lo hacen por agresiones físicas, pero también aumentan las demandas por amenazas, insultos, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, discusiones e incluso por plantar fuego con líquido inflamable a su pareja. Y parte de ellas son contra personas reincidentes, que ya fueron condenadas con penas de prisión por malos tratos. Tenemos bastante actividad y por eso reclamamos un Juzgado en Ourense específico para la violencia de género, añadió Pardinas Sanz.
La última de las denuncias por malos tratos entró ayer en el Pazo de Xustiza después de que la Policía Local detuviera a un vecino de la ciudad, M.A.P., de 41 años, tras una discusión con su compañera en su domicilio en la calle Progreso.
El presunto agresor informó a los policías de que sólo se trataba de una discusión familiar, pero los agentes procedieron a su arresto después de trasladar a la víctima, de 30 años, natural de Brasil, a un centro médico para ser atendida de una crisis ner viosa, y comprobar que presentaba un traumatismo en el cuello. Las diligencias llegaron al Juzgado de Familia cuando aún no había testificado otro detenido en la ciudad por presuntamente agarrar por el cabello a su pareja y golpearla contra un ordenador.
La burocracia colapsa la Fiscalía
La violencia de género mantiene colapsados en la actualidad, tanto a los juzgados de lo Penal, como al de Violencia de Género y la Fiscalía. Los funcionarios, además de tramitar las diligencias y recoger las declaraciones de agresores, víctimas y juicios, deben comunicar los fallos judiciales al Ministerio de Justicia, fuerzas de seguridad, centros penitenciarios y colectivos gubernamentales, como la Comisión de Seguimiento de la Violencia de Genéro, recientemente constituida en la Subdelegación de Gobierno. Hay que mandar múltiples informes a diferentes organismos sobre cada caso, para hacerles un seguimiento, sobre todo si la sentencia prohíbe al agresor acercarse a su víctima. Todo esto supone un árduo trabajo, afirmaron fuentes de la Fiscalía. A la situación hay que sumarle la falta de recursos humanos y materiales, lo que provoca que buena parte de los presuntos maltratadores estén siendo juzgados en la actualidad por delitos que cometieron hace dos años.
Los dos juzgados suelen fijar las vistas los martes, miércoles y jueves y ante sus puertas se agolpan agresores y víctimas, acompañados de testigos y familiares, que en la mayoría de los casos ni se cruzan la mirada. El pasado martes se sentaron en el banquillo cuatro presuntos maltratadores, dos ellos por delitos de lesiones a sus parejas y los otros por quebrantamiento de órdenes de alejamiento. El miércoles pasaron por las instalaciones otros tres, uno de ellos por obligara su pareja a prostituirse en la calle, además de pegarle. Cada año se registran una media de 500 denuncias relacionados con malos tratos en el ámbito doméstico, explicó el fiscal responsables de los casos de violencia doméstica en Ourense, Julián Pardinas.
Según los datos de la Fiscalía, las mujeres cada vez denuncian más y la mayoría lo hacen por agresiones físicas, pero también aumentan las demandas por amenazas, insultos, quebrantamiento de órdenes de alejamiento, discusiones e incluso por plantar fuego con líquido inflamable a su pareja. Y parte de ellas son contra personas reincidentes, que ya fueron condenadas con penas de prisión por malos tratos. Tenemos bastante actividad y por eso reclamamos un Juzgado en Ourense específico para la violencia de género, añadió Pardinas Sanz.
La última de las denuncias por malos tratos entró ayer en el Pazo de Xustiza después de que la Policía Local detuviera a un vecino de la ciudad, M.A.P., de 41 años, tras una discusión con su compañera en su domicilio en la calle Progreso.
El presunto agresor informó a los policías de que sólo se trataba de una discusión familiar, pero los agentes procedieron a su arresto después de trasladar a la víctima, de 30 años, natural de Brasil, a un centro médico para ser atendida de una crisis ner viosa, y comprobar que presentaba un traumatismo en el cuello. Las diligencias llegaron al Juzgado de Familia cuando aún no había testificado otro detenido en la ciudad por presuntamente agarrar por el cabello a su pareja y golpearla contra un ordenador.
La burocracia colapsa la Fiscalía
La violencia de género mantiene colapsados en la actualidad, tanto a los juzgados de lo Penal, como al de Violencia de Género y la Fiscalía. Los funcionarios, además de tramitar las diligencias y recoger las declaraciones de agresores, víctimas y juicios, deben comunicar los fallos judiciales al Ministerio de Justicia, fuerzas de seguridad, centros penitenciarios y colectivos gubernamentales, como la Comisión de Seguimiento de la Violencia de Genéro, recientemente constituida en la Subdelegación de Gobierno. Hay que mandar múltiples informes a diferentes organismos sobre cada caso, para hacerles un seguimiento, sobre todo si la sentencia prohíbe al agresor acercarse a su víctima. Todo esto supone un árduo trabajo, afirmaron fuentes de la Fiscalía. A la situación hay que sumarle la falta de recursos humanos y materiales, lo que provoca que buena parte de los presuntos maltratadores estén siendo juzgados en la actualidad por delitos que cometieron hace dos años.
