La ciudad de Ourense es la capital de provincia española de más de 100.000 habitantes que mayor gasto en asesores y grupos políticos tiene de toda España. Así lo refleja el Tribunal de Cuentas en el “informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos de municipios capitales de provincia en relación con las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales en 2022”.
Según el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, el Concello de Ourense cerró el ejercicio 2022 con un gasto de 1,32 millones de euros anuales en gasto de personal eventual y dotaciones económicas a los grupos municipales. La cifra, de récord en la ciudad, cobra todavía mayor cuerpo si se hace un análisis en función de la población. Ahí, Ourense es con diferencia la capital española que más destina por habitante a sufragar su ayuntamiento. Son 12.616 euros por cada 1.000 habitantes (o 12,6 euros por cada vecino). Una cifra que coloca a la ciudad de As Burgas en lo alto de la clasificación nacional, solo seguida, pero a distancia, por Jaén, Almería, Albacete, Vitoria-Gasteiz o A Coruña.
De los 1,32 millones invertidos en 2022 en políticos, 298.934,61 euros se destinaron en dotaciones a los grupos políticos, y 1,02 millones de euros se invierten en personal eventual (asesores). Una cifra récord, teniendo en cuenta que el Concello de Ourense, desde que Gonzalo Pérez Jácome asumió la Alcaldía, tiene el número máximo de asesores permitidos por ley (27), algo que no sucede en la inmensa mayoría de ciudades españolas.
El Tribunal habla de insuficiencia en la regulación
El Tribunal de Cuentas refleja el incremento de los gastos en políticos de Ourense, que ha registrado el mayor incremento en los últimos años, “un 23% a la cuantía del ejercicio anterior y un 15% superior a la del ejercicio 2020”.
Cuentas señala que el Concello ha desarrollado en su normativa la regulación de las dotaciones a los grupos políticos “de manera insuficiente”, y echa en falta el necesario desarrollo normativo que facilite “el adecuado empleo, de la dotación, y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si, entre ellos, se admiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos, y, en su caso, la forma de justificarlas”.
Además, el tribunal fiscalizador afea que el Concelllo “no utiliza criterios objetivos” para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales, “ni tiene en cuenta los costes de funcionamiento de aquellos para el establecimiento de la dotación”. Y advierte de posibles irregularidades: “La ausencia de control, por parte del Pleno y de la Intervención, de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa”.
