La edil responsable reconoce que debe priorizar ante la falta de funcionarios y su temor a denuncias.
La repercusión que la judicialización de la vida política municipal está teniendo en el día a día del Concello de la ciudad se ve diferente desde la oposición y el gobierno. Mientras que la primera habla de una "parálise permanente" que atribuye a la "incapacidade do alcalde", según ha declarado en reiteradas ocasiones el portavoz del PP, Rosendo Fernández, desde el grupo socialista, la concejala Áurea Soto defiende que "debemos ser la administración que más trabaja", pero reconoce que "hay un peligro de paralización porque hay dos concejales -por Pérez Jácome (DO) y Rosendo Fernández- que amenazan constantemente con acudir a la vía judicial". Y ello repercute directamente en las reticencias de los técnicos a la hora de informar, temerosos de verse declarando ante un juez como imputados o simplemente como testigos.
La socialista es crítica con el hecho de que se diriman en juzgados de instrucción cuestiones que serían de asuntos contencioso-administrativos pero considera que, más allá de las denuncias, "el mayor problema que tenemos es que no hay gente", por lo menos en su departamento. En una de sus reclamaciones más reiteradas de los últimos años, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras reiteró ayer que "no tenemos topógrafo, por lo que en los servicios municipales no podemos hacer alineaciones, lo que es muy importante. Cada vez que intentamos contratar uno, el PP lo ha impedido", dijo en alusión al traslado al Gobierno que los populares realizaron de contrataciones efectuadas por el Concello incumpliendo la normativa estatal que las limita.
Quejas sin respuesta
Esta situación es la que, según Soto, explicaría que la Concejalía de Urbanismo fuese la que más quejas y denuncias recibió el año pasado, según el informe anual de la Comisión de suxestións e reclamacións del Concello. Aunque los ourensanos no acuden de forma masiva a este órgano, ya sea por desconocimiento o porque no tienen motivos, de los 12 expedientes tramitados en 2013 -derivados de nueve quejas-, nueve correspondieron a este departamento municipal, que arrastra, además, uno sin resolver desde 2012.
Esto significa que Urbanismo aglutinó el 75% de las quejas presentadas por los ciudadanos, la mayoría denuncias de locales sin permisos de obras y sin licencia de actividad, "os cales non teñen resolución nin respostas, habendo expedientes graves". Entre las situaciones que narra este informe se dan casos en los que "os demandantes solicitan soamente copia de expedientes antigos de urbanismo e non lle son entregados, ou peticións nas que se denunciaban obras en locais, solicitadas por diferentes interesados e só se sancionaba a un deles sen sancionar o causante real da denuncia".
El informe recuerda que todos los departamentos municipales tienen la obligación de contestar a los ciudadanos en el plazo de 10 días y de resolver en tres meses, algo que no está sucediendo en el caso de Urbanismo, que, según ha explicado en diversas ocasiones su concejala, tiene que priorizar y analizar e informar sobre cuestiones que pueden suponer importantes consecuencias económicas para el Concello como es el caso de las responsabilidades patrimoniales derivadas de la anulación del Plan Xeral de 2003.
