Un auto de la magistrada instructora, acuerda no admitir a trámite la recusación presentada por el exalcalde y la concejala de Urbanismo
Antonio Piña, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, continuará siendo el instructor de la investigación judicial sobre presuntas irregularidades en el procedimiento de adjudicación de las obras de Bedoya. Un auto de la magistrada instructora, Ana María del Carmen Blanco, acuerda no admitir a trámite la recusación contra Antonio Piña presentada el pasado 19 de marzo por el exalcalde, Francisco Rodríguez, y la concejala de Urbanismo, Áurea Soto.
La magistrada, comparte la postura del Ministerio Fiscal, que en su informe considera que en el escrito de recusación presentado por los políticos socialistas "falta el requisito formal de mencionar claramente la causa alegada". También apuntaba el fiscal, al igual que el propio juez recusado, que no concurrían ninguna de las causas "insinuadas".
Así, la magistrada señala que, aun en el caso de que la pretendida recusación se base en "una supuesta amistad íntima, que no se acredita, con un representante de Democracia Ourensana", la misma no concurriría "en relación a ninguna de las partes del procedimiento". Y es que, según asegura en el auto, "sólo puede ser considerado aquel que se ha personado en la causa con cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley rituaria, lo que no es predicable del citado partido".
Por otro lado, el auto alude a las manifestaciones genéricas sobre los políticos que realizó Antonio Piña en su perfil de una red social y que fueron incluidas en el escrito de recusación. Para la magistrada, recoger esta cuestión "parece aludir, en abierta contradicción con el anterior motivo, a una enemistad manifiesta con la clase política". Sin embargo, a su juicio, "el carácter vago e impreciso de las manifestaciones que el instructor realiza en el ámbito de su libertad de expresión impide cabalmente relacionarla ni con una enemistad ni menos manifiesta con alguna de las partes en el procedimiento que instruye".
Por todo ello, la magistrada no admite a trámite la recusación, si bien no realiza especial pronunciamiento de las costas del incidente o de la posible temeridad del planteamiento. De esta forma, el juez volverá a citar para declarar como imputados a los miembros de la junta de gobierno que adjudicó la obra.
