El titular del Juzgado mixto de Ribadavia José Luis Deaño continuó en la mañana de ayer con la tramitación de las diligencias previas por el supuesto fraude de subvenciones procedentes de fondos europeos del programa Leader II en la comarca de O Ribeiro.
En ese sentido, declaró como imputado el secretario del Concello de Arnoia, Pablo Fernández Loureiro, y Miguel Reza Paz, redactor del proyecto y director de obra de la planta de bioamasa, que a juicio de las acusaciones particulares (BNG y PSOE) fue certificada fraudulentamente para obtener fondos Agader cuando el actual delegado terrirorial, Rogelio Martínez, era alcalde de ese Concello.
Reza Paz reconoció ante el instructor que la maquinaria de la planta que certificó no se correspondía exactamente con la existente en esas instalaciones pero sí con la exigida en el proyecto (debía ser fija y la que había era móvil), aunque, según dijo, eran del mismo valor. Ahora bien, negó que el entonces alcalde de Arnoia o el personal de Ceivam -el organismo público que certificaba las obras para poder cobrar de Agader las subvenciones- le diera instrucciones para emitir esas certificaciones. Asimismo, aclaró que aunque certificó una nave nueva lo que se hizo fue una rehabilitación de un galpón que ya estaba construido.
El secretario del Ayuntamiento, que también declaró ayer como imputado, sin embargo, aseguró ante el juez que, hasta donde él conocía, todos los proyectos certificados se correspondían a la realidad.
Asimismo, declararon en calidad de testigos dos socios de la Sociedad Agraria de Transformación O Carballo, que vendieron las instalaciones que después fueron certificadas como planta de biomasa y que originariamente acogían una SAT dedicada a la cría de lombrices. Según su versión, el galpón no sufrió apenas transformaciones salvo en la techumbre.
Tras la toma de declaración de estos dos imputados se suma las efectuadas por los también denunciados Rogelio Martínez; Juan Emilio Aparicio, gerente de Ceivam y María del Carmen Gallego.
PSOE
Mientras, el PSOE, a través de la diputada autonómica María Quintas, volvió a reiterar la petición de destitución de Martínez como delegado territorial. 'El fiscal acreditó que cometió un delito, gestionando fondos de la UE en beneficio suyo y el de sus amigos, aunque ya esté prescrito (así lo dice el Ministerio Público en un informe de 25 de marzo de 2010) cuando era alcalde de Arnoia y presidente de Ceivam', dice Quintas. La diputada carga las tintas en el hecho de que 'en política no todo vale y por ética debería dejar un cargo en el que actualmente está gestionando dinero público de todos los ourensanos y gallegos'.
Reza Paz reconoció ante el instructor que la maquinaria de la planta que certificó no se correspondía exactamente con la existente en esas instalaciones pero sí con la exigida en el proyecto (debía ser fija y la que había era móvil), aunque, según dijo, eran del mismo valor. Ahora bien, negó que el entonces alcalde de Arnoia o el personal de Ceivam -el organismo público que certificaba las obras para poder cobrar de Agader las subvenciones- le diera instrucciones para emitir esas certificaciones. Asimismo, aclaró que aunque certificó una nave nueva lo que se hizo fue una rehabilitación de un galpón que ya estaba construido.
El secretario del Ayuntamiento, que también declaró ayer como imputado, sin embargo, aseguró ante el juez que, hasta donde él conocía, todos los proyectos certificados se correspondían a la realidad.
Asimismo, declararon en calidad de testigos dos socios de la Sociedad Agraria de Transformación O Carballo, que vendieron las instalaciones que después fueron certificadas como planta de biomasa y que originariamente acogían una SAT dedicada a la cría de lombrices. Según su versión, el galpón no sufrió apenas transformaciones salvo en la techumbre.
Tras la toma de declaración de estos dos imputados se suma las efectuadas por los también denunciados Rogelio Martínez; Juan Emilio Aparicio, gerente de Ceivam y María del Carmen Gallego.
PSOE
Mientras, el PSOE, a través de la diputada autonómica María Quintas, volvió a reiterar la petición de destitución de Martínez como delegado territorial. 'El fiscal acreditó que cometió un delito, gestionando fondos de la UE en beneficio suyo y el de sus amigos, aunque ya esté prescrito (así lo dice el Ministerio Público en un informe de 25 de marzo de 2010) cuando era alcalde de Arnoia y presidente de Ceivam', dice Quintas. La diputada carga las tintas en el hecho de que 'en política no todo vale y por ética debería dejar un cargo en el que actualmente está gestionando dinero público de todos los ourensanos y gallegos'.
