La Audiencia de Ourense emitirá una orden de averiguación, detención y puesta a disposición judicial, de ámbito internacional, para que Carlos Manuel C. pueda ser juzgado por cohecho. Este lunes tenía una cita en el edificio de Concepción Arenal de la ciudad para un acuerdo que le beneficiaba.
La fiscal del caso y la defensa habían pactado un acuerdo si el inculpado reconocía que intentó sobornar con 100 euros a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que le dio el alto a la furgoneta en la que él viajaba como ocupante. El acuerdo evitaría su ingreso en prisión ya que los cuatro años y medio de prisión que reclamaba inicialmente la acusación pública quedarían reducidos a dos.
Pero todos los intentos de órgano judicial y de su propia abogada por localizarlo para que ratificara un fallo conformado no prosperaron, incluyendo llamadas telefónicas y la citación en el domicilio que consta en el procedimiento pena. El inculpado está en paradero desconocido.
Un jurado, en caso de juicio
En caso de que no se reconozca culpable, al negar el supuesto soborno, el caso sería visto por un tribunal del jurado, ya que el cohecho es uno de los delitos que tiene asignados por ley.
La denuncia que argumenta este procedimiento ante el tribunal del jurado hace alusión a la actuación de la Guardia Civil el 31 de julio de 2017 a las 10.30 horas. El acusado iba como copiloto en una furgoneta cuando los agentes le dieron el alto en el kilómetro 4 de la A-75 (A-52-frontera con Portugal) para un control e inspección de transporte.
Los guardias civiles detectaron diversas infracciones a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Los agentes explicaron al conductor que al tratarse de un vehículo luso debía abonar el importe de tres multas (ascendían a un total de 7.003 euros) para poder continuar el viaje porque en caso contrario la furgoneta quedaría inmovilizada.
El acusado intervino, según Tráfico, cuando colocó en la mano de uno de los agentes un billete de 100 euros para que no los denunciara y los dejase continuar el viaje. El denunciante rechazó la proposición y recriminó el comportamiento de Carlos Manuel C. pero, según la versión de la Fiscalía, el inculpado volvió a insistir porque "era el único policía que no cogía dinero para no poner denuncias".
El atestado dio pie a una denuncia por cohecho en la que la acusación pública reclama cuatro años y medio de prisión y multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros, así como inhablitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 10 años.
