El juicio con tribunal popular que sigue la Audiencia contra Raúl Jiménez Salazar, el exlíder gitano acusado de extorsionar a Amelia Belmonte, una trabajadora social del Concello de Ourense con laque trabajaba en 2009, a través de mensajes de texto al móvil de ésta y al de su marido, J.A.G., con el objetivo de hacerse con 6.000 euros, se reanudó ayer en la sala del Penal número uno. Durante la vista oral, que duró más de cuatro horas, declararon las dos víctimas del caso, además de cuatro agentes de la Policía Nacional, una inspectora y un subinspector de este cuerpo, junto con la madre y una hija del procesado.
Amelia Belmonte, que conoce a Jiménez Salazar desde hace más de 20 años, indicó que, 'en un principio, pensaba que todo era un error'. No obstante, los continuos mensajes intimidatorios que recibió en su móvil desde el 9 al 11 de agosto de 2009, en los que -apuntó- 'me decían que tenía que coger el dinero, meterlo en un bolso y llevarlo a un sitio', le confirmaron que no era así. Por ello, aseguró, pusimos 'todo en manos de la Policía, a pesar de que nos amenazaban con que podríamos salir malparados'.
Esgrimió haber estado 'atemorizada, sobre todo por mi hija', al igual que su marido. El día 10, los agentes organizaron un primer dispositivo policial en un punto de la N-525, a las afueras de Ourense, en dónde se había pactado la entrega del botín, pero nadie lo recogió. Habría sido, según el fiscal (pide para el acusado tres años de cárcel) para ver 'si las víctimas accedían a la extorsión'. El 11, otro dispositivo terminó con la detención del procesado, tras ir a por el paquete -a modo de cebo- a Castadón (Pereiro). Según el encausado, que se desvinculó de los hechos, fueron dos rumanos, que también lo habrían extorsionado, los que lo mandaron recoger el bulto, aunque los agentes negaron este último extremo.
Un subinspector expresó que 'no es creíble que fueran unos rumanos (los autores de las amenazas), ya que no actúan así, además de que el acusado no nos comunicó que su familia corría peligro'. Asimismo, un agente arguyó que los mensajes, aunque 'evidencian un nivel cultural bajo', reflejan 'un claro conocimiento de la ciudad y de las víctimas'.
Por último, una inspectora dijo que, 'por el castellano, aunque con faltas ortográficas, no se puede hablar de extranjeros'. Madre e hija del acusado negaron tener contacto con rumanos. El juicio continúa hoy.
Esgrimió haber estado 'atemorizada, sobre todo por mi hija', al igual que su marido. El día 10, los agentes organizaron un primer dispositivo policial en un punto de la N-525, a las afueras de Ourense, en dónde se había pactado la entrega del botín, pero nadie lo recogió. Habría sido, según el fiscal (pide para el acusado tres años de cárcel) para ver 'si las víctimas accedían a la extorsión'. El 11, otro dispositivo terminó con la detención del procesado, tras ir a por el paquete -a modo de cebo- a Castadón (Pereiro). Según el encausado, que se desvinculó de los hechos, fueron dos rumanos, que también lo habrían extorsionado, los que lo mandaron recoger el bulto, aunque los agentes negaron este último extremo.
Un subinspector expresó que 'no es creíble que fueran unos rumanos (los autores de las amenazas), ya que no actúan así, además de que el acusado no nos comunicó que su familia corría peligro'. Asimismo, un agente arguyó que los mensajes, aunque 'evidencian un nivel cultural bajo', reflejan 'un claro conocimiento de la ciudad y de las víctimas'.
Por último, una inspectora dijo que, 'por el castellano, aunque con faltas ortográficas, no se puede hablar de extranjeros'. Madre e hija del acusado negaron tener contacto con rumanos. El juicio continúa hoy.
