Agentes de la Policía Local de Ourense y del Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil, vigilarán el cumplimiento de la normativa relacionada con la manipulación de amianto y su retirada en construcciones antiguas, según un acuerdo alcanzado entre representantes de Sanidad, Medio Ambiente, Traballo, Ayuntamiento,Inspección y sindicato CIG.
En un comunicado, la CIG explicó el contenido de la reunión mantenida hoy con delegados de la Xunta, la Jefa de la Inspección de Trabajo y un representante del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral, ante el grado de incumplimiento de algunas empresas que buscan burlar el control de la autoridad laboral.
En ese sentido, el sindicato nacionalista indicó que en las últimas semanas denunció varios casos de empresas que conocen sobradamente la normativa, como la concesionaria del agua en la ciudad, en alusión a Aquagest, pero que sin embargo depositan escombros con restos de amianto.
En sus denuncias, CIG relató que la retirada de tuberías y tejados de uralita se hace, en varias obras de la ciudad, sin que los empresarios tengan a sus trabajadores protegidos, tal como establece la Ley ante el elevado riesgo que supone para la salud el manejo del asbesto o amianto.
En la reunión fue analizada la situación con el cruce de datos de las diferentes instituciones y se acordó coordinar sus actuaciones, establecer mecanismos de alarma y control, hacer más campañas de información, involucrar en colegios técnicos profesionales en los proyectos de obra y a cuerpos policiales en la vigilancia.
También se acordó elaborar un inventario de edificios públicos, que contengan amianto para planificar su desamiantado, y en el caso de los incumplimientos detectarlos e imponer sanciones rigurosas.
CIG consideró que los acuerdos responden a propuestas novedosas, para intentar reactivar la prevención en los trabajos con riesgo, como la manipulación de material constructivo con amianto, aumentar el control y reforzar las inspecciones para evitar prácticas fraudulentas.
En ese sentido, el sindicato nacionalista indicó que en las últimas semanas denunció varios casos de empresas que conocen sobradamente la normativa, como la concesionaria del agua en la ciudad, en alusión a Aquagest, pero que sin embargo depositan escombros con restos de amianto.
En sus denuncias, CIG relató que la retirada de tuberías y tejados de uralita se hace, en varias obras de la ciudad, sin que los empresarios tengan a sus trabajadores protegidos, tal como establece la Ley ante el elevado riesgo que supone para la salud el manejo del asbesto o amianto.
En la reunión fue analizada la situación con el cruce de datos de las diferentes instituciones y se acordó coordinar sus actuaciones, establecer mecanismos de alarma y control, hacer más campañas de información, involucrar en colegios técnicos profesionales en los proyectos de obra y a cuerpos policiales en la vigilancia.
También se acordó elaborar un inventario de edificios públicos, que contengan amianto para planificar su desamiantado, y en el caso de los incumplimientos detectarlos e imponer sanciones rigurosas.
CIG consideró que los acuerdos responden a propuestas novedosas, para intentar reactivar la prevención en los trabajos con riesgo, como la manipulación de material constructivo con amianto, aumentar el control y reforzar las inspecciones para evitar prácticas fraudulentas.
