La resolución de la junta de gobierno de declarar nulo el contrato de los paneles informativos chega cun ano de retraso para el PP. La oposición aseguró ayer que o acordo non aporta nada fronte á reclamación patrimonial da empresa.
El reciente dictamen del Consello Consultivo de Galicia sobre el documento firmado con la empresa Afiador S.L. para la instalación y concesión de unos paneles informativos en la ciudad ha reabierto la polémica entre la oposición y el grupo de gobierno municipal en lo que respecta a este tema.
Los populares comparecieron ayer -el portavoz, Enrique Nóvoa; y los concejales Aurelio Gómez Villar y Francisco Javier Rodríguez Nóvoa- para valorar el acuerdo de la junta de gobierno local de la semana pasada, en la que se declaraba nulo el documento. Para Nóvoa, este acuerdo non aporta nada novo fronte á reclamación patrimonial que fai a empresa (30 millones de euros). Todo intento de frenar esta reclamación non deu resultado, xa que o procedemento segue en curso, aseguró en referencia al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que admite la tramitación de la demanda presentada por la empresa.
Nóvoa señaló, además, que o que nos preocupa é que o dictame do Consello non dá indicacións que permitan liberar ó Concello da responsabilidade patrimonial. Recoñece que había un expediente en marcha. Los populares criticaron que el Concello pusiera el procedimiento judicial en manos de un militante do BNG (abogado también de los codemandados Alexandre Sánchez Vidal, Ana Garza y David Cortón) en lugar de los servicios jurídicos del Concello, y entienden que a responsabilidade directa é do alcalde. Unha responsabilidade que vai pesar como unha losa nas seguintes corporacións. Nóvoa cree además que la resolución de la junta de gobierno chegou cun ano de retraso, dado que su grupo ya había alertado inicialmente de que el documento era nulo al no seguir el procedimiento adecuado.
El Consello Consultivo dictaminó a favor de la revisión
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, afirma que el Consello Consultivo dio la razón al Concello en cuanto a la nulidad del contrato y recordó que el contrato fue retirado en su día de la junta de gobierno y no se aprobó. No puede dar igual que se retire del orden del día a que se hubiera aprobado.
El dictamen del Consello Consultivo, que establece como válidas las cuatro causas que esgrimió el Concello, considera que lo relevante del contrato es a explotación comercial dunha actividade privada que necesita, para ser efectiva, dun espazo de dominio públi co. Desta forma, o servizo informativo que a través de ditas pantallas se presta ó Concello non constitúe o obxecto principal do contrato. Las causas de nulidad son que la empresa no estaba constituida cuando se firmó el documento (4 de febrero de 2008), que o outorgamento de concesións sobre bens de dominio público non está incluido no ámbito competencial do tenente alcalde, según explica, y que no existían pliegos de condiciones ni fue aprobado por la junta de gobierno y que un miembro de la empresa no podía contratar con la administración.
Los populares comparecieron ayer -el portavoz, Enrique Nóvoa; y los concejales Aurelio Gómez Villar y Francisco Javier Rodríguez Nóvoa- para valorar el acuerdo de la junta de gobierno local de la semana pasada, en la que se declaraba nulo el documento. Para Nóvoa, este acuerdo non aporta nada novo fronte á reclamación patrimonial que fai a empresa (30 millones de euros). Todo intento de frenar esta reclamación non deu resultado, xa que o procedemento segue en curso, aseguró en referencia al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2, que admite la tramitación de la demanda presentada por la empresa.
Nóvoa señaló, además, que o que nos preocupa é que o dictame do Consello non dá indicacións que permitan liberar ó Concello da responsabilidade patrimonial. Recoñece que había un expediente en marcha. Los populares criticaron que el Concello pusiera el procedimiento judicial en manos de un militante do BNG (abogado también de los codemandados Alexandre Sánchez Vidal, Ana Garza y David Cortón) en lugar de los servicios jurídicos del Concello, y entienden que a responsabilidade directa é do alcalde. Unha responsabilidade que vai pesar como unha losa nas seguintes corporacións. Nóvoa cree además que la resolución de la junta de gobierno chegou cun ano de retraso, dado que su grupo ya había alertado inicialmente de que el documento era nulo al no seguir el procedimiento adecuado.
El Consello Consultivo dictaminó a favor de la revisión
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, afirma que el Consello Consultivo dio la razón al Concello en cuanto a la nulidad del contrato y recordó que el contrato fue retirado en su día de la junta de gobierno y no se aprobó. No puede dar igual que se retire del orden del día a que se hubiera aprobado.
El dictamen del Consello Consultivo, que establece como válidas las cuatro causas que esgrimió el Concello, considera que lo relevante del contrato es a explotación comercial dunha actividade privada que necesita, para ser efectiva, dun espazo de dominio públi co. Desta forma, o servizo informativo que a través de ditas pantallas se presta ó Concello non constitúe o obxecto principal do contrato. Las causas de nulidad son que la empresa no estaba constituida cuando se firmó el documento (4 de febrero de 2008), que o outorgamento de concesións sobre bens de dominio público non está incluido no ámbito competencial do tenente alcalde, según explica, y que no existían pliegos de condiciones ni fue aprobado por la junta de gobierno y que un miembro de la empresa no podía contratar con la administración.
