El Plan de Emprego es un documento consensuado por las fuerzas políticas municipales -a excepción de Democracia Ourensana-, sindicatos y empresarios.
Con una dotación económica de tres millones de euros sobre el papel, el borrador de los presupuestos de este año no incluye ninguna partida para su puesta en marcha. El gobierno local atribuye esta circunstancia a que los cambios en la ley de sostenibilidad de las entidades locales establece unos límites para realizar funciones que no son competencias propias, motivo por el que debe solicitar de la Xunta -administración competente- los informes preceptivos para su puesta en marcha.
Sin embargo, la concejala popular Beatriz Tejada llamaba ayer la atención sobre la obligatoriedad legal de contar, además de con informes de la Xunta, con los de técnicos municipales, circunstancia que, aducen los populares, no ocurre en esta ocasión. Para ella, las medidas consensuadas en el Plan de Emprego incluyen "hándicaps que van a imposibilitar su implantación", dice en referencia a algunas de las introducidas desde el BNG, como la subvención a la contratación o los microcréditos, porque "as administracións públicas non poden ser prestamistas", añadió el portavoz del PP, Rosendo Fernández. Asimismo, sostienen que algunas de las propuestas concurren "nun suposto de execución simultánea con outras administracións".
Ante esta situación, los ediles populares proponen ajustar a la legalidad las medidas adoptadas, apostando por la dinamización del comercio. Reclaman, además y entre otras medidas, que el plan sea acompañado de un informe del interventor. n
