El primer día de la Zamburiña: mucho covid y nada de droga

En el primer día del macrojuicio de la Zamburiña, con 13 investigados, cuatro de ellos policías nacionales, no se habló nada de drogas. Otro virus lo acaparó todo. La sesión, con estrictas medidas de seguridad a causa de la pandemia, comenzó a las 10.26 horas de ayer en la Audiencia de Ourense y desde los primeros minutos sumó una nueva particularidad -no deja de hacerlo desde que comenzó la instrucción en marzo de 2015-. El tribunal, tras escuchar argumentos a favor y en contra de un aplazamiento porque uno de los investigados, Rachid E., estaba pendiente del resultado de una prueba por la covid-19, acordó iniciar la vista el próximo lunes. El abogado de Rachid E., José Javier Álvarez Costa, reclamó la suspensión porque el investigado, quien reside en Valladolid, había estado en contacto con una persona infectada. "Mi cliente, dada la petición de pena -ocho años de prisión y nueve meses- que se le pide tiene derecho a estar presente en la sala", aseguró en respuesta a la propuesta de la fiscal, quien consideraba viable la exposición de las cuestiones previas. El tribunal, presidido por la magistrada Ana del Carmen Blanco Arce, tras deliberar, acordó aplazar el inicio del juicio para que así pueda asistir el inculpado. A media mañana, ya fuera de la sala de vistas, Rachid comunicó verbalmente a su abogado el resultado negativo de la PCR realizada el último viernes. A juicio del letrado, quien ya lo puso en conocimiento de la Audiencia, no cambia la situación porque su cliente debe permanecer aislado 10 días, contando desde el ocho de enero, "dado que ha estado en contacto con un positivo y así lo dispone el protocolo Sanidad". En el primer día de Zamburiña, los inculpados no quisieron hacer declaraciones a los medios y dejaron hablar a sus abogados. La imputada a la que se pide una pena más elevada -13 años de cárcel-, Josefa P.G., Pucha, prefiere antes escuchar y, en función de lo que oiga, "ya hablaré". Su letrado, Jorge Temes, recordó que aprovechará su turno en el trámite de cuestiones previas para pedir la nulidad de las intervenciones telefónicas, en la que su clienta se retrata como narcotraficante de drogas en la ciudad, y los registros en sus viviendas, en las que se localizó un alijo de algo más de seis kilos de cocaína y heroína. Pucha fue la única que confesó desde el primer minuto, cuando fue detenida por Asuntos Internos. Pero, su abogado, plantea la nulidad de esa declaración autoinculpatoria "por estar viciada por la decisión del juez de instrucción acordando las intervenciones teléfonicas y los registros". Los pinchazos, según valoró, fueron autorizados en base una información "falsa o tergiversada de Asuntos Internos", en alusión al famoso anónimo que hablaba de corrupción en la comisaría y que recibió esa unidad (en otro sumario se le atribuye la autoría a los policías gemelos Roy y Bernardo D.L. y al fallecido Celso B., cuya muerte violenta en Instrucción 3 se atribuye indiciariamente a los hermanos). “Falló Asuntos Internos" El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a través de su secretario gallego, Roberto Gonzaléz, y ourensano, Antonio Pousa, acudieron para arropar a los cuatro policías acusados: Antonio R.F., Felipe M.A., Mercedes C.G. y José Antonio R.F -el único en activo-. "Supimos desde el primer momento que no se habían quedado ni con droga ni con dinero porque son grandes profesionales y el único que falló fue Asuntos Internos por no ir al fondo del anónimo e identificar a los autores", destacó González. Seijo: “Hay irregularidades como nunca vi en mi vida" Seijo, a la izquierda, junto a Antonio R.F. La abogada del policía Antonio R.F., para quien la fiscal pide 11 años y cuatro meses de cárcel por supuestamente dar protección a traficantes, también pedirá la nulidad en el trámite de cuestiones previas tras apreciar "un montón de irregularidades, pero a niveles verdaderamente sorpresivos, como no he visto en mi vida", aseguró Beatriz Seijo. Para la letrada, no hay ninguna investigación que no sean las propias intervenciones telefónicas, "y con carácter descontextualizado (...). No están todas las conversaciones, al menos a esta parte nunca se le han entregado", añadió. Y cuestionó la separación de las tres causas. Además de la Zamburiña, otros dos juzgados investigan la sustracción de seis armas de la comisaría así como la muerte de un agente. En ambas están imputados Roy y Bernardo D.L."Uno de los vicios principales es que esta causa nace de un anónimo que se genera y crea por unas personas que están siendo investigadas por sustracción de armas y una serie de cuestiones que atribuyeron a mi defendido". En este sentido, enfatizó que la separación de las mismas "genera una indefensión brutal".