PSOE y BNG acusan a PP y Democracia Ourensana de no sentarse a negociar con la oposición y de pretender llevar a pleno una nueva modificación de crédito “cerrada” por 45 millones de euros, sin dialogar con el resto de grupos políticos.
En un comunicado remitido a los medios, el PSOE ha criticado la “falta de diálogo” a la hora de intentar llegar a acuerdos y ha recriminado que el alcalde Gonzalo Pérez Jácome pretenda aprobar un asunto “tan relevante” como una modificación de crédito cuando “todavía” no han recibido “ningún tipo de documentación”, acusando al regidor de seguir el mismo “modus operandi” de la anterior, que fue anulada por el juzgado.
Para el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, “un gobierno en minoría, que pretende aprobar así una modificación de crédito de este calado, lo que debería es sentarse a hablar y no tratara una vez más de imponer” al tiempo que ha cuestionado el silencio de los populares.
Los socialistas han criticado que el gobierno pretenda destinar casi “el 60 por ciento” del dinero a infraestructuras mientras apenas se dedica “un 2,7” a servicios sociales, una cantidad que han tachado de “minúscula”. También han criticado la partida de termalismo y educación, que sólo recibe “un 1 por ciento, respectivamente”.
En la misma línea, el grupo del BNG, que ha calificado de “decepcionante" la reunión para abordar esta modificación, ha acusado al gobierno de no permitir las aportaciones de los demás grupos, lo que, para los nacionalistas, revela “el proceder y forma de gobernar” del actual gobierno PP-DO.
Entre otras partidas, han lamentado las insuficientes cuantías que se destinan a áreas sensibles como la de servicios sociales “pese a estar en una profunda crisis social y económica” y también para el casco histórico pese a su “estado de abandono” o el 1 % para termalismo y comercio local.
El portavoz del BNG, Luis Seara, ha cuestionado el proceder del gobierno local y, como prueba de ello, ha recordado la reciente modificación de crédito de 62 millones, anulada por el juzgado, después de “obviar” el trámite de exposición pública y el periodo de alegaciones.
