Las diferencias entre el Concello y la promotora amenazan con dejar sin servicio al barrio un curso más
A falta de 55 días para el inicio del nuevo curso académico, las discrepancias por la residencia universitaria entre el Concello y la junta de compensación se incrementan y ponen en riesgo la apertura del recinto con una capacidad de 201 plazas y que en el momento del cierre, en agosto de 2014, se hospedaban 180 alumnos.
El 14 de este mes será un día clave para la residencia, ubicada en la avenida de Alfonso Rodríguez Castelao. El Consejo rector de la junta de compensación del polígono de la zona 4 de SU 25 se reunirá para tomar una decisión respecto a la entrega de la fase del área del entorno de la residencia y anuncia que "no se entregará nada hasta que el Concello resuelva las peticiones pendientes", explicó Antonio Feijóo Miranda, abogado de la junta de compensación. Afirman que la urbanización está "impecable" contando con todos los servicios, desde alumbrado hasta aparcamientos por lo que responsabilizan de la situación "a la falta de coordinación entre los servicios del Concello pese a la buena voluntad de los técnicos municipales", añadió. Por su parte, el Concello requirió hasta en tres ocasiones a la junta de compensación la documentación necesaria "e polo de agora non se presentou aínda que se solventaron aspectos como o tema eléctrico e de Viaqua", explicó José Cudeiro, concejal de Urbanismo. Sin embargo, afirma que falta el certificado final de las obras del ingeniero director de la junta y presentar la modificación del proyecto de urbanización.
La falta de documentación es el motivo por el que el Concello no recepcione las obras "pero esta documentación no la podemos presentar hasta que el Concello resuelva el plazo de ampliación de las obras y la devolución del aval", explicó Miranda. El aval, de 162.000 euros, fue depositado en 2001 por Siresa, la empresa concesionaria de la residencia, "cuando tuvo licencia de construcción de la edificación de la obra de urbanización, que no hizo", explicó Miranda. Este aval lo incautó el Concello porque Siresa no cumplió y ahora la junta reclama que se lo entreguen a ellos "porque fuimos lo que hicimos la obra, costándonos 700.000 euros, y Siresa está de acuerdo". La junta afirma que sus peticiones siguen pendiente de resolución y que "pueden provocar que la residencia siga cerrada otro año". Cudeiro recuerda que el informe está en manos del asesor jurídico municipal y cuando éste lo emita, se procederá a la devolución "si es favorable a Siresa pero no a la junta de compensación, tal y como se recoge en un documento privado entre ambas", matizó.
La junta de compensación afirma que la Universidade de Vigo no cumplió con el convenio firmado en 1998 en el que el Concello le entregó los terrenos comprometiéndose a su urbanización, que a final su concesionaria no hizo, por lo que la junta llevará a pleito a Concello y Universidade. La institución académica afirma que nunca se desentendió del asunto "pero que no está en nuestras manos ya que hay una concesión".
