El Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto por los propietarios del subsuelo de la plaza de San Antonio, cuyas licencias de legalización de las obras, ocupación y actividades comerciales fueron declaradas nulas en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal emitió una providencia este miércoles en la que rechaza el recurso. La decisión del Supremo, por tanto, es firme.
La sentencia recurrida, dictada por el TSXG, confirmaba la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad, que el 30 de diciembre de 2021 estimó nulas las licencias de legalización. Como consecuencia, se considera que el subsuelo de la plaza es propiedad pública y pertenece al Concello. En este espacio se encuentra un parquin privado que, una vez la sentencia sea firme, no podrá continuar ejerciendo su actividad.
Para seguir en funcionamiento, el Concello tendría que adjudicar la gestión del aparcamiento mediante concesión administrativa, a través de un concurso y con el pago de un canon a las arcas municipales. Otra consecuencia de este paso a propiedad pública ocasionaría la anulación de las licencias de las plazas de garaje vendidas en su momento por la promotora.
La firmeza de la sentencia que anula las licencias depende ahora de otro recurso de casación interpuesto por los propietarios ante el TSXG, aunque el tribunal ya ha establecido que el subterráneo de la plaza es de dominio público. La inadmisión del recurso presentado ante el Supremo aproxima la resolución del litigio, que podría suponer un importante desembolso de indemnizaciones a los propietarios por parte del Concello.
El abogado de los demandantes, Antonio Feijóo Miranda, asevera que “el parquin rotatorio explotado por Parking Buenos Aires debe ser clausurado, al quedar desprovisto de la licencia de apertura” cuando la nulidad de las licencias sea firme. “La protección de los perjudicados, que son aquellos particulares que a lo largo de los años compraron plazas de garaje en la confianza de que eran plenamente legales, puede y debe exigirse al Concello”, apostilla el letrado.
El procedimiento se inició cuando una particular pidió declarar nulas unas licencias que “implicaban la legalización de una apropiación y uso privados del subsuelo público”, añade Feijóo.
