El 'superdelegado' de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, declarará el día 25 de mayo junto con otras tres personas notificadas, en el juzgado de Ribadavia y por primera vez, en relación a una denuncia contra ellos por los delitos de fraude en subvención europea, estafa, falsedad documental y malversación.
Las acusaciones fueron presentadas por el BNG de Arnoia en relación a subvenciones de fondos europeos solicitadas y recibidas por Rogelio Martínez como alcalde de Arnoia, -fue alcalde durante 30 años y hasta hace un mes- para varios talleres artesanos y una planta de biomasa, según indicaron fuentes jurídicas.
La denuncia fue presentada en 2006 en el juzgado de Ribadavia y desde entonces la declaración de los imputados se pospuso en varias ocasiones por la ausencia de algún abogado, la petición de prescripción y por la resolución de recursos, que terminaron con el archivo de la causa en el juzgado, a petición de la Fiscalía.
La Audiencia Provincial de Ourense emitió hace unos días un auto, al que tuvo acceso Efe, en el que comunica al juzgado de instrucción de Ribadavia que reabra el caso, porque las diligencias practicadas 'no tienen materia suficiente para cerrarlo'.
En ese sentido, el Tribunal provincial instó al de Ribadavia a realizar la toma de declaración de los acusados, para decidir luego si hay o no indicios de delito en su actuación.
Los notificados para declarar, según fuentes del BNG, son el ex-alcalde de Arnoia, ex-vicepresidente de la Diputación de Ourense y recién nombrado Delegado Territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, el ex-teniente alcalde de Arnoia y administrador único de la empresa que recibió las subvenciones, Juan Emilio Aparicio, el arquitecto técnico que certificó las obras Miguel Reza y el ex-concejal del PP Gumersindo Alvarez.
Desde que fue presentada la denuncia, por el juzgado de Ribadavia pasaron varios jueces y sustitutos y la actual titular tomará declaración a los acusados por primera vez a partir de las 10:00 del lunes día 25.
La acusación se refiere a los fondos europeos recibidos en 2001 por la empresa Centro de Iniciativas para el desarrollo do Val do Miño (Ceivam), presidida por el propio Rogelio Martínez, para instalar cinco talleres artesanales, una planta de biomasa y una bodega.
Según la denuncia del BNG, el arquitecto técnico certificó obras e instalación de maquinaria que no se hicieron nunca.
La misma conclusión figura en el informe de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), que en 2002 certificó la inexistencia de las obras y maquinaria lo que desencadenó la reclamación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se devolviesen 51.000 euros de los fondos europeos.
Los afectados recurrieron esa decisión ante la Audiencia Nacional y ésta emitió una sentencia firme, en abril de 2009, en la que ratificó la decisión del Ministerio, pues, tal como decía el informe de Agader, la nave certificada para instalar la planta de biomasa 'ya existía con anterioridad y no tiene las máquinas propias del tratamiento programado'.
En relación a los talleres artesanales, el informe de Agader aludió al de orfebrería para señalar que las facturas de la maquinaria no cubren las compras certificadas.
Este informe sirvió de base al Ministerio y luego a la Audiencia Nacional para ordenar la devolución de una parte de los fondos recibidos, como remate del proceso administrativo.
Ahora, el juzgado de Ribadavia deberá dirimir si hay motivos o no para la vía penal.
La denuncia fue presentada en 2006 en el juzgado de Ribadavia y desde entonces la declaración de los imputados se pospuso en varias ocasiones por la ausencia de algún abogado, la petición de prescripción y por la resolución de recursos, que terminaron con el archivo de la causa en el juzgado, a petición de la Fiscalía.
La Audiencia Provincial de Ourense emitió hace unos días un auto, al que tuvo acceso Efe, en el que comunica al juzgado de instrucción de Ribadavia que reabra el caso, porque las diligencias practicadas 'no tienen materia suficiente para cerrarlo'.
En ese sentido, el Tribunal provincial instó al de Ribadavia a realizar la toma de declaración de los acusados, para decidir luego si hay o no indicios de delito en su actuación.
Los notificados para declarar, según fuentes del BNG, son el ex-alcalde de Arnoia, ex-vicepresidente de la Diputación de Ourense y recién nombrado Delegado Territorial de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, el ex-teniente alcalde de Arnoia y administrador único de la empresa que recibió las subvenciones, Juan Emilio Aparicio, el arquitecto técnico que certificó las obras Miguel Reza y el ex-concejal del PP Gumersindo Alvarez.
Desde que fue presentada la denuncia, por el juzgado de Ribadavia pasaron varios jueces y sustitutos y la actual titular tomará declaración a los acusados por primera vez a partir de las 10:00 del lunes día 25.
La acusación se refiere a los fondos europeos recibidos en 2001 por la empresa Centro de Iniciativas para el desarrollo do Val do Miño (Ceivam), presidida por el propio Rogelio Martínez, para instalar cinco talleres artesanales, una planta de biomasa y una bodega.
Según la denuncia del BNG, el arquitecto técnico certificó obras e instalación de maquinaria que no se hicieron nunca.
La misma conclusión figura en el informe de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader), que en 2002 certificó la inexistencia de las obras y maquinaria lo que desencadenó la reclamación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se devolviesen 51.000 euros de los fondos europeos.
Los afectados recurrieron esa decisión ante la Audiencia Nacional y ésta emitió una sentencia firme, en abril de 2009, en la que ratificó la decisión del Ministerio, pues, tal como decía el informe de Agader, la nave certificada para instalar la planta de biomasa 'ya existía con anterioridad y no tiene las máquinas propias del tratamiento programado'.
En relación a los talleres artesanales, el informe de Agader aludió al de orfebrería para señalar que las facturas de la maquinaria no cubren las compras certificadas.
Este informe sirvió de base al Ministerio y luego a la Audiencia Nacional para ordenar la devolución de una parte de los fondos recibidos, como remate del proceso administrativo.
Ahora, el juzgado de Ribadavia deberá dirimir si hay motivos o no para la vía penal.
