La fiscal jefe de Ourense, Eva Requeiro, ya reunió toda la documentación que requirió el pasado año al Concello en relación a la denuncia anónima por prevaricación y malversación de caudales públicos contra el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por suprimir los bolardos del casco antiguo sin justificación y tras una inversión millonaria (casi 357.000 euros costó su instalación). La Fiscalía abrió diligencias de investigación penal contra Jácome para analizar si la decisión adoptada pudiera ser constitutiva de delito. De hecho, el regidor municipal declaró el 24 de febrero como investigado y tuvo que acudir a la citación asistido por una abogada de los servicios jurídicos del Concello.
En los próximo días, tras analizar los distintos informes y documentos requeridos al ente local, una batería que inició en septiembre reclamando certificaciones, la ordenanza, número de autorizaciones concedidas desde la implantación de los bolardos, desembolso realizado y hasta las reclamaciones interpuestas con motivo de la anulación, la fiscal jefe emitirá un decreto motivado en el que caben dos opciones: presentar denuncia o querella criminal en el juzgado, en caso de considerar que hay indicios de delito, o, por contra, archiva las diligencias informativas.
La fiscal recibió estos días los últimos documentos requeridos: un informe del secretario del Concello, Luis María Bermúdez de la Puente, para aclarar una serie de cuestiones, reclamadas el 11 de diciembre del pasado año, y otro de la Policía Local, contestado por su intendente, María Barrera.
Regueiro quiere saber si la anulación de los bolardos en el casco histórico supone una modificación de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación y cuál es el procedimiento legal previsto para modificarla tras la aprobación en el pleno de 4 de diciembre de 2015 de la moción de DO relativa a la supresión de los bolardos, explicando el funcionario que un acuerdo plenario de esas características no es de obligado cumplimiento.
La fiscal jefe también insta al secretario a que informe sobre si el alcalde prescindió del procedimiento legal para ordenar el 26 de febrero de 2020 la anulación de las barreras formadas por bolardos como sistema de acceso y control del tráfico en una parte de la ciudad.
"Esta Secretaría infórmalle que non ten coñecemento do procedimento seguido, si é o caso, polo que o alcalde do Concello anulou as barreras formadas por bolardos como sistema de acceso e control do tráfico no Casco Histórico", refleja Luis María Bermúdez, además de dejar claro que cualquier modificación de una ordenanza requiere de una tramitación administrativa que va desde su aprobación en junta de gobierno hasta darle validez en el salón de plenos y que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. No obstante, el funcionario no entra en si la anulación de los bolardos supone un cambio en la normativa.
Pleno
La polémica con los bolardos llegó ayer al pleno del Concello, con una moción en la que la oposición reclamó a Jácome recuperarlos. El alcalde aseguró que "no hay informes en contra y que todo está razonado y conforme a derecho".
No lo ven así el resto de grupos. La socialista Natalia González augura que "nalgún momento vai haber unha desgraza" y dice que "se incumpre a ordenanza". Mientras, el popular Jorge Pumar tildó la decisión de "caprichosa" y asegura que fue "sin informes, generando un caos permanente". Laureano Bermejo (Cs) ve el Casco Vello "empobrecido". n
