En los tres juzgados de instrucción de la ciudad, la Fiscalía de Violencia de Género, los dos juzgados penales y en la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría no hay nadie que no conozca la historia de desamor de Jonathan D.R. (33 años) y su expareja. Mantuvieron una relación afectiva de dos años, incluso llegaron a convivir, hasta que en 2020 y, en plena pandemia, todo se torció y comenzó la retahíla de denuncias.
Desde entonces, él ha sido juzgado hasta en siete ocasiones por asuntos relacionados con la violencia machista, la mayor parte por incumplimientos de órdenes de alejamiento o comunicación con la perjudicada, pero también por maltrato o incluso acoso. En enero de 2023, volverá a sentarse en el banquillo. Sus juicos duran horas o incluso días (el de ayer se prolongó desde las 10.45 horas hasta las 15.20).
Hasta la fecha, tiene tres condenas en su haber: una firme, otra recurrida ante la Audiencia provincial y una tercera pendiente de un indulto. Y otras tantas sentencias absolutorias. Su abogada menciona que hubo otras ocho denuncias que no llegaron a juicio porque fueron archivadas durante la instrucción.
En todas sus comparecencias, el investigado no solo niega los delitos imputados, sino que se presenta como víctima de una mujer a la que considera tóxica: dice que es ella quien lo busca y alude a la factura personal que le acarrearon las denuncias (detenciones) y los procesos penales, al margen de las condenas. Cambió de domicilio en hasta cinco ocasiones, pérdida de trabajos y hasta de prestigio social. Fue delegado de Amnistía Internacional en Galicia y presidente del club deportivo Fontefría (Muíños).
Pero la víctima, por su parte, describe otra historia bien distinta. La abogada que la representó en el juicio celebrado ayer en el Penal 2 por quebrantamiento de medida cautelar aseguró que ella vive presa del “pánico y el terror”. “El miedo de la víctima no es baladí, porque está completamente obsesionado con ella”, aseguró Virginia Villar. E incluso recordó que sigue recibiendo ramos de flores anónimos.
La fiscal y la acusación particular hablaron ayer de múltiples quebrantamientos por supuestamente no respetar la orden de protección dictada por la jueza de Instrucción 3 de Ourense el 6 de mayo de 2020 y que ampliaba la distancia de seguridad, con respecto a otra anterior, a 500 metros. El mismo auto acordó la implatación de una pulsera telemática de control. Las acusaciones enumeran hasta 15 incidencias por acceder a la zona de exclusión fija a lo largo de 2020 y 2021, aunque con especial incidencia en abril del pasado año. En cuanto a las incidencias por entrar en zona de exclusión móvil, el escrito de acusación de la fiscal recoge un total de 30. Hubo una, la del 6 de noviembre de 2020, que centró buena parte del juicio. La denunciante estaba en Bande, porque iba a veces a Tourón, en donde vive su actual pareja, y se paró en un cajero. Asegura que vio a Jonathan en el coche siguiéndola. Él admite que estaba parado en un semáforo y al percatarse que ella estaba allí acudió al cuartel de la Guardia Civil para comunicar el percance. De hecho, al realizar las comprobaciones necesarias, los agentes lo detuvieron. Según la letrada de la defensa, María Álvarez, no tiene sentido “que acuda al puesto si quiere aterrorizarla”. Y recuerda que en el Penal 2 ya lo absolvió por algo similar.
En cuanto a las alertas recibidas en el centro Cometa por entrar en zona de exclusión, el inculpado explicó que estuvo realizando las prácticas de un curso en una ambulancia y se movía por toda la ciudad y que no le fueron notificados por ser de escasa duración. Los 500 metros -valoró Álvarez- representan una distancia muy difícil de respetar en una ciudad pequeña como Ourense.
