Víctor Moreno: "Son malos tiempos para los derechos fundamentales, prima la seguridad"

Este experto jurista cuyos libros de derecho procesal han memorizado miles de alumnos de Derecho ha estado tres semanas en Ourense, asumiendo la defensa de Pachi Vázquez en el juicio por prevaricación administrativa continuada en su etapa como alcalde de Carballiño (1995-2005). No era la primera vez que pisaba la ciudad, ya que forma parte del plantel de profesores honoríficos de la Universidad de Vigo . El catedrático, que en 1992 inspiró la ley que llevó al ministro Corcuera a dimitir (ley de la patada en la puerta), habla en una entrevista telefónica, a la salida de una reunión, sobre el proceso penal que, según dice, le costó la carrera política a Pachi Vázquez, pero también de los desafíos de la justicia. En el caso Pachi Vázquez habló de “una lamentable cadena de errores" iniciada en 2014 con la querella de la fiscalía. ¿Cómo se explica que no se hubiera roto algún eslabón en todo ese tiempo? El fiscal presentó querella contra Pachi Vázquez en el TSXG -era parlamentario- y ya hubo una instrucción extrañamente rápida. Cuando a instancias del investigado llegan al TSXG 2.900 folios de expedientes, esos que se decía que no existían, a las pocas horas se dicta el auto de procesamiento y se concluye el sumario. Y se van sumando errores: por parte de la secretaria, el desastre del archivo municipal ... Hasta llegar aquí. Usted dijo al comienzo del juicio que la fiscal solo salía a pescar, a la manera del abogado anglosajón (fishing expedition) que vemos en las series... La fiscal se inhibió de la instrucción, no apareció en ninguna diligencia, y se encontró con una única prueba, unos papeles deslavazados, por lo que llamó a declarar a 60 trabajadores a los que no se escuchó en la instrucción. Si los hubiera llamado antes, nunca se hubiera abierto este juicio oral. No olvidemos que estos errores han contribuido a echar de la política al que era secretario del PSOE gallego y candidato a presidente de la Xunta. Y cuatro personas más han estado señaladas públicamente de forma totalmente injusta. Pero la fiscal no tiene la última palabra. Sin duda. Pero en el procedimiento penal, por lo general, la Audiencia no modifica el criterio del instructor, y se espera al juicio. El auto de la jueza de Carballiño cuando acaba la instrucción ya dice que ella no lo ve claro y deja que se resuelva en el juicio oral, en el que se demostró claramente que la contratación siempre se hizo con publicidad. Hubo selección y se respetaron los principios de mérito, capacidad e igualdad. Ni uno solo trabajador entró a dedo. ¡Ni uno! Los contratos se hicieron laborales indefinidos pero eso no es lo mismo que ser fijos. Cuando se convoque la plaza, se van a la calle. Alguno de los abogados vio en el exfiscal jefe la mano que meció la cuna. ¿Cree que hubo persecución política? No estuve en el momento inicial, pero es llamativo cómo empieza todo. La fiscalía arma la querella pidiendo a la secretaria la certificación de unos expedientes de contratación que no se buscaron bien, ya que solo miró en el expediente personal del trabajador, su hoja de servicios. Pide esa certificación sin saber muy bien por qué. Se justifica en un procedimiento del juzgado de lo social con unos trabajadores que dicen que fueron despedidos por razones políticas pero que después no aparecen en la querella. El fiscal ha tenido información por fuera que no aparece, y dirige el procedimiento desde un principio contra el señor Vázquez por unas razones no explicadas. ¿Pero la política de contratación en los concellos pequeños es bastante mejorable? Sí, pero no solo en los pequeños. Sucede lo mismo en comunidades autónomas y diputaciones. Hasta 2007, cuando se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, no había ninguna norma para la contratación de laborales y se regía solo por los principios de la Constitución. Hoy aun no hay una regulación específica, y no tiene la culpa el responsable político de Carballiño. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) es de 1882. Ahora, el Gobierno maneja un anteproyecto de reforma en el que el fiscal asume la instrucción. ¿Será posible el cambio esta vez tras varias intentonas fallidas? Este es el tercer intento serio con un texto por delante, pero depende de las fuerzas políticas. Hay interés pero no tanto para dar la instrucción al fiscal sino por atribuirle la dirección de la investigación de los delitos para que vaya a juicio solo lo que debe ir y lo que se ha obtenido con garantías y sea no reproducible. Los límites son muy importantes al papel del fiscal como investigador para que sea una parte procesal más. El procedimiento penal debe convertirse definitivamente en un proceso de partes y el fiscal debe estar a la misma altura y con las mismas prerrogativas que los abogados. Hay jueces como la jueza que nos ha tocado en este caso enormemente respetuosa y ecuánime pero hay otros muchos con predilección por el fiscal, y procesalmente no se justifica. ¿No es sorprendente que el proceso penal sea el único de los cuatro órdenes jurisdiccionales que no cuente con una ley elaborada en democracia? Es muy llamativo, pero un código procesal penal es más difícil. Estamos en un momento en el que la ciudadanía pone el énfasis en la seguridad pública y la persecución frente a mayores garantías, una dialéctica difícil de romper. Estamos viendo campañas, que no se justifican, contra algunos jueces por sentencias consideradas benévolas. Yo siempre abogué por garantías para el justiciable y mayores derechos procesales, pero corren malos tiempos para los derechos fundamentales y las garantías . Se olvida que el derecho penal debe ser la última ratio, cuando ya no cabe otra solución. No son necesarias penas más duras en el Código Penal, España es uno de los países de Europa más seguros y, sin embargo, con una elevada población reclusa. La actual LECrim es un cubo con demasiados agujeros. La reforma frena a partidos y sindicatos a la hora de ejercer la acción popular. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo, porque la intervención de las administraciones en el proceso penal es descabellado, porque el interés público ya está representado por el ministerio fiscal. Sindicatos y partidos políticos han introducido una distorsión poco compatible con una justicia serena. En tiempos de pandemia ha primado la seguridad, en nombre de la salud pública, con medidas restrictivas de derechos frente a las libertades. ¿Justificado o excesivo? En esto de la pandemia todos tocamos de oído y casi siempre mal. No sé cuáles son las medidas adecuadas y me parece muy atrevido y falto de rigor intelectual ponerme a opinar. Los responsables sanitarios no tienen ganas de ver a la gente encerrada, si lo deciden será porque es el único remedio para responder a una pandemia que se lleva a mucha gente por delante. ¿Fue un error, en su etapa en Interior, introducir en la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 lo de la patada en la puerta? Es posible, sobre todo a la vista de la sentencia del Constitucional, que deberíamos haber redactado el precepto de una manera distinta, introduciendo matices. El objetivo que se perseguía era amparar, con un respaldo normativo, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad que no podían entrar en un domicilio donde se estuviera vendiendo droga al menudeo. Era una ley muy compleja que regulaba DNI, armas, el juego... temas que no se discutieron. Pero Corcuera pagó un peaje alto... Porque la dignidad de un político le llevó a cumplir lo que había dicho.